Los gobiernos central y vasco pretenden mantener la escolta a los jueces hasta afianzar la paz

Los gobiernos central y vasco pretenden mantener la escolta a los jueces hasta afianzar la paz

Responsables de ambos ejecutivos han constatado ante el Tribunal Superior que el alto el fuego de ETA no es aún irreversible

Los Gobiernos central y vasco tienen intención de mantener los servicios de protección personal a los jueces y fiscales vascos a la espera de que se consolide el alto el fuego de ETA y se afiance el proceso de paz. Ése es el mensaje que han trasladado responsables de ambas administraciones a la cúpula del Tribunal Superior de Justicia en diversos contactos mantenidos recientemente, una vez que la organización terrorista decretara la tregua el 22 de marzo. Según fuentes judiciales consultadas, los representantes gubernamentales continúan considerando a la Magistratura un colectivo muy sensible y «no dan por sentado» que a fecha de hoy el silencio de las armas sea irreversible. Una posición que supone retener las escoltas «indefinidamente», lo que los medios consultados interpretan más en clave de prevención que de temor por la evolución del proceso.

La comisión permanente de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior que encabeza Fernando Ruiz Piñeiro ha intercambiado impresiones en las últimas semanas sobre el futuro de la seguridad de jueces y fiscales con el delegado del Gobierno en Euskadi, Paulino Luesma, y responsables de la consejería de Interior; unos y otros mantienen una relación fluida, de la que ha sido partícipe también el número dos del Ministerio, Antonio Camacho. La conclusión de esas conversaciones es que ninguno de los dos gobiernos suprimirá a los guardaespaldas al menos en lo que resta de año, dado que, además de la precaución ante lo que pueda ocurrir en el camino hacia el final de la violencia, las cantidades destinadas a esa protección ya están consignadas presupuestariamente.

Recomendación

Los responsables de la Magistratura siempre se han mostrado partidarios de actuar en función de las consignas que fueran recibiendo de los expertos policiales, por encima de la evidente incomodidad que suponía para el colectivo tener que ejercer bajo la sombra protectora de un guardespaldas. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior analizó las posibles consecuencias del alto el fuego de ETA apenas 48 horas después de su anuncio y acordó recomendar a todos los miembros de la Judicatura que fueran pacientes y no alteraran el dispositivo de seguridad hasta que no se les aconsejara lo contrario.

Los alrededor de 270 jueces y fiscales de Euskadi y Navarra soportaron el inédito trance personal de tener que empezar a vivir custodiados, después de que un comando terrorista segara la vida de José María Lidón en noviembre de 2001. Era el primer asesinato de un magistrado vasco, que no por temido dejó de provocar una profunda conmoción. «Hubo que contener miedo, que no saliera del Palacio de Justicia», confiesa un colega de Lidón. No resultó sencillo adaptarse a la nueva situación: parte del colectivo aceptó la protección a ragañadientes, lo que se ha traducido en un goteo de renuncias en los últimos años. Los medios consultados constatan, sin embargo, que no se han registrado tantas después de la tregua como cabría suponer, aunque es cierto que los hábitos se han relajado. Y también, como apunta un integrante del Tribunal Superior, que el «momento de contraste» será septiembre.

Es entonces también cuando el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el consejero Javier Balza tienen previsto revisar todo el mecanismo de escoltas, que protege a un millar de amenazados, ocupa a unos 2000 efectivos entre policías y seguridad privada y supone un desembolso anual a cada administración de 71 millones de euros.

http://www.diariovasco.com/pg060719/prensa/noticias/Politica/200607/19/DVA-POL-213.html

La esperanza de vivir sin sombra

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Un juez, un ertzaina, un representante del asociacionismo cívico, un edil del PSE y otra del PP hablan de sus ilusiones y temores tras la declaración. El ansia de recuperar la libertad después de muchos años de angustia convive con inevitables recelos.

Arrúe recuerda que «peleó» para que le retiraran la escolta durante los primeros meses de aquella tregua, cuando aún albergaba «esperanza». No lo logró -«los expertos en seguridad lo desaconsejaron»- y vio cómo en su quehacer cotidiano no acababa de hacerse la luz. Más bien al contrario. «Menos mal que estábamos en tregua porque si no nos fusilan», se lamenta para explicar sus prevenciones. «No lo puedo evitar. Me viene a la cabeza lo mal que lo pasamos entonces, sobre todo cuando nos dimos cuenta de que la tregua era una trampa. Nos intentaban reventar los actos, era horroroso. Había amenazas, insultos ». La concejala resume aquella etapa con una frase de la presidenta de su partido en Guipúzcoa, María José Usandizaga, que ya ha quedado grabada en el discurso diario del PP vasco: «No nos matan, pero no nos dejan vivir».

Artículo completo en.: http://www.diariovasco.com/pg060323/actualidad/espana/200603/23/especial-eta-sin-sombra.html