Todos los escoltas del País Vasco y Navarra tendrán que prestar sus servicios el próximo 29 de junio a pesar de la huelga general convocada por los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e Hiru, y a la que se ha sumado CC OO, en contra de la reforma laboral. El Ministerio del Interior ha establecido los servicios mínimos para el sector de la seguridad privada con motivo de la jornada de huelga y ha establecido que tendrá que trabajar el 100% del personal que preste servicios de protección de personas, según la orden del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
"Si la sociedad en general es víctima del terrorismo, no cabe duda, pues así lo demuestran los atentados perpetrados que diversos colectivos (representantes de formaciones políticas, miembros de la judicatura y del Ministerio Fiscal, organizaciones de expresión popular) son más vulnerables a sufrir esta lacra", se advierte.
Los servicios mínimos afectarán además al 85% del personal que preste servicios de seguridad, que engloba las actividades de depósito, recuento y clasificación de monedas y demás objetos valiosos o peligrosos, así como en las de transporte y distribución. La medida afectará también a los bancos, cajas de ahorro, entidades de crédito y en todos aquellos otros establecimientos, instalaciones o actividades en los que el servicio de seguridad se haya impuesto con carácter
obligatorio.
Interior ha establecido también servicios mínimos del 75% del personal encargado de la seguridad en fábricas de armas de fuego, explosivos y sus almacenamientos; centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustibles y actividades relacionadas con materias inflamables. Los mismos servicios se han establecido para quienes presten en servicios de suministro y distribución de aguas, gas y electricidad, los transportes públicos -puertos, aeropuertos y ferrocarriles- y en los centros de telecomunicación y en centros y sedes de medios de comunicación social ya que la seguridad de estas infraestructuras se considera "esencial para el normal desarrollo de la convivencia social".
Por último, se ha establecido el 25% del personal de seguridad privada en hospitales, juzgados y tribunales y dependencias de la administración pública. Todos los porcentajes comprenderán en todo caso, como mínimo, un vigilante de seguridad. Con todas estas medidas, el Ministerio del interior pretende garantizar la vigilancia y protección sin menoscabar el derecho a la huelga de los trabajadores .
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http://www.elcorreo.com/alava/20100626/economia/aralar-alternatiba-izquierda-abertzale-201006261428.html
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