La directora del organismo, María Silvestre, cree «peligroso» enviar al guardaespaldas a vigilar al maltratador
La directora de Emakunde, María Silvestre, aseguró ayer que la potestad para decidir qué tipo de atención le corresponde a una víctima de la violencia machista, desde una pulsera para el maltratador a un guardaespaldas para la víctima en los supuestos más graves, depende de los jueces, de modo que no se puede conceder de forma sistemática una protección personal.
Silvestre salió al paso así de las peticiones formuladas por las asociaciones de escoltas del País Vasco y Navarra, ASP92 y Prodeen, las cuales han planteado la posibilidad de que, como se están relajando las medidas seguridad frente al terrorismo, los guardaespaldas podrían encontrar una salida en la protección de mujeres acosadas por sus parejas o ex parejas. La responsable de Emakunde les recordó que la adopción de unas medidas de tal calibre, además de ser competencia de los tribunales, supone una «doble victimización» para la mujer maltratada, ya que puede tener el efecto de acentuar el aislamiento y el rechazo social.
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