Justo cuando se han cumplido dos años sin atentados mortales en España y coincidiendo con el momento de menor actividad delictiva de la banda terrorista ETA, la Junta de Castilla y León ha decidido retirar la escolta de seguridad a todos los integrantes del Consejo de Gobierno. Además, en una época de recortes de gastos, esta medida le permitirá a la Junta ahorrar en torno a dos millones de euros en la factura anual de seguridad.
Los consejeros de Castilla y León llevan ya un mes sin servicio de escolta privada. Pese a su supresión, el Ejecutivo ha diseñado que en los momentos en que sea necesario, todos sus miembros dispondrán de protección a cargo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
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