El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a promover una reforma normativa sobre seguridad privada que impulse la intervención de estos agentes en la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios. Para su defensa, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Aunque no comparto lo que ha expresado anteriormente el portavoz socialista sobre el desborde competencial, es cierto que desde hace tiempo, en un esfuerzo de racionalización de la seguridad, la mal llamada Ley Ómnibus, que aprobó el Parlamento de Cataluña, otorgó la función de agentes de autoridad a los agentes privados en los transportes públicos. Se cita muy fácilmente a estos agentes, pero se olvida algo que tuvo más importancia, que fue otorgársela a los profesores dentro de las aulas, que es bastante más significativo. Honestamente, no creemos que sea desborde de competencias. En este caso estamos hablando de coherencia entre medidas de este tipo que puedan adoptarse aquí y en cualquier otra comunidad autónoma. Hay elementos de seguridad que solo en situaciones muy extremas requerirían la actuación sobre las personas. Si vamos a la realidad estricta, sabrán ustedes que hasta hace poco -ahora ya no existe-, cuando había un motín, a los funcionarios de a pie de las prisiones se les dotaba de material antidisturbios manteniéndoles en una prudencial segunda línea; por cierto, nunca tuvieron que actuar, pero incluso a los funcionarios administrativos se les otorgaba este papel en la práctica. Por descontado, esto es mucho más caro y seguramente innecesario, porque la actuación sobre las personas no llega normalmente, y si llegara, sería dentro de un centro público y lo ampararía la ley. Sería mucho más económico, organizativamente mucho más simple y formativamente mucho más corto que agentes de la seguridad privada protegieran los entornos perimetrales de este tipo de centros. Esta es la justificación de nuestra proposición.
La enmienda presentada por el Grupo Popular hace referencia a la oportunidad, es decir, al momento en que esto pueda hacerse. En ese sentido, la consideramos totalmente aceptable y la asumimos.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular. En representación del mismo, tiene la palabra el señor Escobar.
El señor ESCOBAR LAS HERAS: Intervendré muy brevemente, señorías.
Esta cuestión, con carácter general, ha sido amplia y profusamente debatida en el debate anterior, a cuenta de la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada, y es ahí donde hay que situarla. Es una cuestión de alcance técnico, pero que no deja de ser de detalle en el conjunto de esa reforma. Es menester recordar que el propio ministro del Interior señala como una de las posibilidades dentro de la futura reforma de la Ley de Seguridad Privada incorporar personal de seguridad privada en funciones perimetrales en los centros penitenciarios. No es menos cierto que esta cuestión requiere -como señalaba mi compañera para una futura ley de coordinación de policías locales- un esfuerzo legislativo de envergadura; estamos hablando de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de otras normativas que habría que revisar. Con el mejor de los ánimos, tengo que decir que hay cuestiones que estamos próximos a resolver desde el punto de vista jurídico -me estoy refiriendo al control de accesos, al control de la cámara de circuito cerrado de televisión- y que, en su caso, podrían ser ampliadas a la seguridad perimetral inmediatamente circundante, pero -insisto en una cuestión capital- siempre y en todo caso bajo la dirección de los responsables de la seguridad pública de dichos cuerpos, que es un principio absolutamente inexcusable. En este contexto, se ha presentado esta enmienda que tienen sus señorías y que me consta que ha sido bien recibida por el grupo proponente, por Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Mixto desea intervenir? (Denegaciones). Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Intervengo muy brevemente para fijar posición.
En un marco general en el que defendemos que el Estado debe asumir todas sus competencias y la importancia de lo público, no entendemos ni vamos a apoyar la encomienda al sector privado de una parte de la seguridad pública. Por tanto, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Zaragoza.
El señor ZARAGOZA ALONSO: Con esta intervención voy a fijar nuestra posición, que es contraria.
Entendemos que con esta propuesta se beneficia a las empresas privadas de seguridad y, en cambio, se perjudica al servicio público. En estas mareas de privatizar todo lo que se pueda privatizar -la sanidad, la educación- en las que Convergència se ha metido últimamente, ahora quiere entrar en la seguridad pública, pero no entendemos por qué se plantea este tema específico y tan concreto si no es porque hay un interés en beneficiar económicamente a las empresas de seguridad privada, porque es evidente que lo que se plantea perjudica al servicio público. Para nosotros queda muy claro que la sustitución de funcionarios públicos preparados en estas labores de vigilancia provoca un perjuicio al servicio público, primero porque no están preparados. Esas tareas requieren una formación y la formación cuesta dinero, es decir, aquí no hay ahorro en los recursos públicos, al contrario, lo que hay es un desplazamiento de beneficio económico hacia empresas privadas y un perjuicio evidente, a nuestro entender, al servicio que se presta. Esto no es la vigilancia de un edificio administrativo, aquí hay una labor para la que se necesita experiencia y conocimiento. Les voy a poner un ejemplo que van a entender con mucha claridad. En las funciones de vigilancia perimetral los funcionarios van en vehículos logotipados y pueden evitar que se cometan delitos. Los trabajadores de empresas de seguridad privada no van en ese tipo de vehículos y no pueden participar, por ejemplo, en una persecución si hay una fuga. Es evidente que aquí hay un perjuicio al servicio público, porque lo que se está haciendo es desplazar un gasto del Estado hacia empresas privadas y perjudicar la buena labor que se puede hacer. Una labor como esta requiere además modernizarse. El camino no pasa por la privatización del servicio de vigilancia perimetral, sino por avanzar en nuevas tecnologías que permitan la vigilancia de manera más eficaz y en labores de prevención, conocimientos que tienen fundamentalmente los funcionarios. Este es el lugar lógico donde funcionarios que se acerquen a la jubilación pueden aportar su experiencia en trabajos de colaboración. Desde nuestro punto de vista, esta es una función que afecta claramente a un elemento fundamental de nuestro Estado, que es la seguridad. Esta propuesta está dentro de esos discursos de la austeridad y del recorte del gasto público que se hacen últimamente. Les voy a poner un ejemplo. En Cataluña existen diferentes centros penitenciarios con seguridad de los Mossos d'Esquadra aproximadamente en ocho. El número de agentes que intervienen en la seguridad de estos centros es relativamente reducido. El ahorro económico que supondría sería comparable a tres horas de vuelo en helicóptero. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de reducción de costes? No. Estamos hablando de desplazar negocio a empresas privadas y no de mejorar el servicio, porque son trabajadores que no tienen ni la experiencia ni la preparación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y de orden público. Por eso nos oponemos radicalmente y vamos a votar en contra de esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que el grupo proponente acepta la enmienda in voce que se ha presentado esta mañana. En consecuencia, se someterá a votación en sus términos.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28CDC201205290110.CODI.%29#(Página11)
Autor.: Isidro. Tu blog sobre Seguridad Privada. Toda la información a tu alcance.