Recientemente, un nuevo informe de la ONU, sobre Honduras, ha querido expresar su preocupación por el peso adquirido por la seguridad privada, de empresas tanto legales como ilegales. Esta república se ha convertido en el país más peligroso de América. Entre 2004 y 2011 se contabilizaron 33.933 homicidios, sobre una población de apenas ocho millones de habitantes. La evolución de esta violencia ha sido ascendente, y así, de los 51 homicidios por cada 100.000 habitantes, en 2001, se ha pasado a 92 en 2011. Convendría tener como referencia que la media mundial es de 8,8.
Estas cifras en buena parte se deben al colapso de las instituciones estatales como la policía o la justicia. En este sentido, la implicación de las FAS, ante esta situación, con el objeto de contribuir en seguridad interior tampoco parece ser suficiente. Cabría discutir si la aplicación de medidas fundamentalmente punitivas y la militarización de la seguridad interior es la mejor opción para, cuando menos, controlar estos índices de violencia pero, en cualquier caso, su contribución no resuelve el problema de inseguridad.
Ante esta desprotección y la incapacidad del Estado para proporcionar protección a la sociedad hondureña, ésta ha recurrido a la seguridad privada. Esto explica que el crecimiento del sector haya sido extraordinario, y además sin ningún control, puesto que además de las empresas legales, hay un nutrido grupo de empresas que trabajan ilegalmente. El crecimiento de este sector ha sido rápido y espectacular. En este país operan más de 700 compañías de seguridad privada que suman entre 60.000 y 70.000 guardias, cifra que supera en más del doble a los miembros de la Policía Nacional y el Ejército juntos. La relación del número de elementos de la policía y los guardias de seguridad es de 1 a 5, de acuerdo a la información disponible. Sin embargo, a estos datos, que contabilizan los recursos de las empresas legales, hay que sumarles, además, los provenientes del importante sector informal que actúa ilegalmente. Según el informe citado, en su mayoría esas compañías son propiedad de ex oficiales policiales o militares de alto rango que controlan el sector de seguridad en el país.
La elección del ejemplo hondureño podría interpretarse como un caso extremo, y por tanto poco representativo, y en consecuencia también lo sería la dimensión adquirida por la seguridad privada. Sin embargo, si contemplamos cifras generales, es posible comprobar que este es un fenómeno de dimensión regional. No podemos olvidar que, pese a que no todos los países padecen las mismas tasas de violencia, en términos generales, estas son altas. Tanto que Iberoamérica se ha convertido en una de las regiones más violentas del mundo. De modo que, pese a estas diferencias, aunque en algunos casos importantes, la demanda de seguridad privada ha generado un importante negocio que ha crecido rápidamente y que proporciona empleo formal e informal a un importante colectivo. Ciertamente el crecimiento de la seguridad privada no ha tenido lugar solo en Iberoamérica. En 2003 el mercado de este servicio experimentó una tasa de crecimiento anual del 7% al 8 %. Pero sí cabe apuntar que Iberoamérica es la región que más se ha expandido en esta actividad (del 9% al 11%). En el sector formal, Brasil tiene aproximadamente 570.000 guardias, seguido por México con 450.000, y en tercer lugar por Colombia con 190.000 vigilantes. Los países con el número más bajo de guardias legalmente registrados fueron Chile y Perú con 45.000 y 50.000 respectivamente. Así, a nivel regional, el número de vigilantes en regla alcanza 1.600.000; pero se estima, bajo "especulación fundada", que existen alrededor de 2.000.000 de guardias informales; es decir, el sector de la seguridad privada emplea a 4.000.000 de personas en Iberoamérica (www.flacsoandes.org/biblio/catalog/resGet.php?resId=24429). La causa de este particular crecimiento es común y esta íntimamente relacionada con la incapacidad estatal por proporcionar la protección que demandan la sociedades ineroamericanas.
El gran reto para el estado es la regulación de este negocio y su control. Es preciso delimitar sus espacios de actuación y limitar sus competencias. El sector privado es una realidad, no se puede eludir, es preciso afrontar esta cuestión e incluso encontrar formas de colaboración. Sin embargo, aunque ineludible, es un objetivo extraordinariamente complicado de realizar. No hay que olvidar que el surgimiento de estas empresas privadas se explica, en buena parte, por las limitaciones del estado por proteger a la sociedad, pero también que estas mismas limitaciones explican no sólo el crecimiento descontrolado del sector, sino también las posibilidades de regularlo y controlarlo.
De nuevo hay que insistir, como en el resto de las cuestiones relacionadas con la seguridad en Iberoamérica, en el fortalecimiento del estado, como condición sine qua non para que éste, a su vez pueda, proteger a la sociedad.
Todos estos datos indican que las empresas privadas son un actor fundamental en la seguridad en este momento y que, por tanto, es una cuestión ineludible. La forma en que el sector se ha desarrollado, además de su dimensión, obliga a tener en cuenta cómo se organiza y las implicaciones que puede tener en relación al mismo estado de derecho. El principal problema es el riesgo de dejación por parte del estado del monopolio del uso (legítimo) de la fuerza en entidades comerciales movidas por el lucro. En efecto, cabe el riesgo de que el sector privado supere la competencia estatal sobre la seguridad como bien público. Por ello, los expertos que han elaborado el informe ya mencionado de la ONU mostraban su preocupación porque "subcontratar el uso de la fuerza con cientos de compañías de seguridad privada es un serio obstáculo al estado de derecho y al funcionamiento eficaz de una institución gubernamental democrática, responsable de garantizar la seguridad nacional de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales".
A la preocupación sobre el riesgo de que la seguridad privada asuma labores y competencias estatales, se suma la configuración del sector, que por sus características, no deja de ahondar, en este caso, en el sistema garantista de dicho estado. Los dos principales problemas de esta seguridad en la región son la creciente ilegalidad del sector y la falta de formación y entrenamiento de sus empleados. Las empresas ilegales superarían a las legales. En Argentina y Brasil, por ejemplo, el número de guardias empleados informalmente supera a los formales. Y no sólo eso, las personas empleadas carecen de la formación adecuada. Otro elemento que contribuye a la posible violación de derechos humanos.
*Sonia Alda es
Doctora en Historia por la UAM y profesora en el IUGM
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