El Centro Penitenciario Provincial de Mansilla de las Mulas empezará a utilizar servicios de seguridad privada a partir del próximo día 1 de abril, según desvelaron a este periódico fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. La misión inicial de los nuevos miembros del equipo de vigilancia será hacerse cargo únicamente del control de los accesos exteriores, pero los agentes temen que sea simplemente el primero de una serie de movimientos destinados a privatizar los servicios de vigilancia de las instituciones penitenciarias del país, de acuerdo a la filosofía general del Gobierno.
Inicialmente se había anunciado la paralización de este plan «pero el hecho de que dentro de quince días se incorporen ya dos personas que se van a encargar de este servicio, nos hace pensar que se trata solamente de la punta del iceberg y que a continuación van a empezar a llegar más relevos de estas características. «Nos han dicho que paulatinamente se irán dando pasos encaminados a conseguir que el servicio se preste de la forma más adecuada posible. Lo cierto es que lo único que ocurre es que poco a poco se van dando pasos para llegar al destino final. Han reformado la ley de seguridad privada para que puedan trabajar en centro penitenciarios. Entre los conocimientos que deben tener los vigilantes, se ha incluido un temario que añade temarios correspondientes al funcionamiento en los centros penitenciarios. Y ya para rematar están empezando a crear puestos de trabajo de estas características. Están siguiendo un camino muy claro».
Como en el aeropuerto
El sistema que se pretende implantar es «muy parecido al que se está empleando ya en el aeropuerto de León. Hay un jefe de la guardia que es un cabo de la Guardia Civil, con un agente. Si alguien se pone tonto, sale el guardia y ejerce la autoridad que le corresponde, pero en los días de actividad normal, la labor la ejercen los vigilantes privados. Es la táctica de este gobierno», insistieron fuentes sindicales de la Guardia Civil a este periódico.
Igual que la limpieza
«Lo que pasa es que con el tiempo ocurrirá lo que pasó en el Ayuntamiento con el servicio de limpieza, que ha habido que recuperarlo porque es que era muy caro. Lo barato sale caro a la larga y el problema es qué van a hacer con los agentes de la Guardia Civil que trabajan allí, porque no está claro. Queremos saber si nos van a echar, si no nos van a echar... Hay una opacidad absoluta. Cuando viene el segundo jefe y te cuenta una película para decir que hay que estar tranquilos y que no va a pasar nada, suena a que te van a despedir en cuatro días».
Los representantes de AUGC lamentan la escasa información que a nivel oficial se está facilitando a este respecto y consideran que a la larga, los planes de privatización se concretarán de facto.
Recursos judiciales
«Los recursos por el tema de las ocupaciones externas se están ganando todos, pero si te pillan te echan y luego tienes que pelearlo. Si mi mujer tiene un taxi y yo quiero hacer un sueldo extra, lo tengo que solicitar. Y antes lo estaban denegando pero ahora los jueces nos dan la razón, no son actividades incompatibles. Y eso sí, el ministro del Interior tiene empresas de seguridad y eso no es incompatible... Ya nos cansamos y vamos a ver si aplican la ley de transparencia de una vez».
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