viernes, 26 de abril de 2013

PROSETECNISA | Los vigilantes pedirán al fiscal que investigue a Prosetecnisa | Prosetecnisa Les propuso defraudar al Fogasa mediante un anuncio en prensa

Los vigilantes de seguridad a los que no subrogó Prosetecnisa anunciaron que entregarán en la Fiscalía un anuncio publicitario de la empresa en el que les propone que soliciten la rescisión de sus contratos con Sequor, que cobren la indemnización del Fogasa y una vez que tengan ese documento, los contratarán en el plazo de 48 horas y les reconocerán la antigüedad. Los afectados, que siguen realizando sus turnos de trabajo en una caravana aparcada ante la Xunta, pedirán al fiscal que abra una investigación. Decidieron tomar esta determinación para no ser cómplices «dun posible fraude ao Fogasa», según señalaron.
 
La CIG, uno de los dos sindicatos que asesora a los trabajadores, señaló que aun está en plazo la impugnación del concurso por parte de la Xunta. «Entendemos -señaló Carmen Antas- que no se cumpren as condicións das bases».
 
Los vigilantes están molestos con la Xunta porque creen que debería actuar en este caso. «Na Diputación -apuntaron- había tres gardas que no tiñan obrigación de subrogar, pero falaron con Vinsa e aceptou coller a eses compañeiros»
 
Los concentrados en la caravana señalaron que en ningún momento se plantearon reclamar a Prosetecnisa los cinco meses de salario que les debe Sequor. «Somos conscientes -señalaron- de que o traballo que fixemos nolo ten que pagar Sequor. A Prosetecnisa o único que lle pedimos é que nos subrogue con fecha 1 de abril e que nos pague a partir dese momento». La plantilla asegura que la empresa pudo presentar oferta a la baja porque desde el principio sabía que no iba a subrogarlos. Según dijeron, Prosetecnisa contrató a personal de Salamanca y de Asturias, sin experiencia en el sector, para un centro de menores conflictivo. «Nosotros -apuntaron- sabemos cómo funciona y fuimos testigos de muchas cosas que callamos hasta ahora». Los trabajadores seguirán haciendo los turnos al menos hasta el día 1 de mayo, en que decidirán si levantan el campamento o no. La situación de los vigilantes es desesperada. No cobran salarios desde hace cinco meses y si tienen que ir a juicio, no podrán solicitar el paro hasta que finalice el proceso, como mínimo, cuatro meses más.