El Centro Penitenciario de Huelva cuenta desde ayer con cuatro
vigilantes pertenecientes a la Unión Temporal de Empleo (UTE) de
empresas de seguridad privada "que prestan servicio en el País Vasco"
-según indicaron ayer a este diario desde el Ministerio del Interior-,
adjudicataria de la oferta de contratación del Gobierno central para
colocar (de momento) a 250 efectivos propios en 21 penales del
territorio nacional. Los cuatro trabajadores que arribaron ayer a la
cárcel onubense se dividirán en dos turnos de doce horas cada uno y
realizarán "funciones secundarias", afirma el Ejecutivo.
Esencialmente, mientras que uno de ellos vigilará el perímetro
exterior de la penitenciaría, el otro estará destinado en el área de
monitores, desde donde se controla el circuito cerrado de televisión de
La Ribera. Estas tareas vienen siendo desempeñadas desde la apertura del
centro por agentes de la Benemérita. Interior se justifica diciendo que
sólo ejercerán como "auxiliares" que apoyarán a los guardias en sus
tareas diarias. Sindicatos y asociaciones profesionales no opinan lo
mismo.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) tiene claro
que el objetivo del Ministerio del Interior es, "desde un principio, ir
reduciendo las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado", sustituyéndolas paulatinamente "por seguridad privada". En este
punto subraya que, como ya indicara el propio secretario general de
Instituciones Penitenciarias, "el proyecto se va a aplicar de forma
experimental durante un periodo de nueve meses y a su finalización se
evaluará para determinar si se aplica o no de forma definitiva", para
proseguir manifestando que "durante el periodo experimental o de prueba
no se disminuirá en ninguno de los centros afectados el número de
efectivos" públicos.
Para la AUGC, estas palabras esconden un mensaje claro: no habrá
recolocaciones de guardias civiles en las cárceles hasta el 6 de marzo
de 2014, pero a partir de entonces "cabe entender que sí se producirá".
El colectivo augura "reducciones muy drásticas desde un punto de vista
cuantitativo", teniendo en cuenta que en los penales españoles las
misiones encomendadas a los guardas privados (vigilancia exterior y
perimetral, control de cámaras y accesos) "suponen el 75% de las
funciones que vienen desempeñando actualmente las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado".
Como ya adelantó Huelva Información hace algo más de un
año, la AUGC calcula que en la prisión de Huelva se podrían ver
afectados directamente por las sustituciones entre 15 y 20 agentes del
Instituto Armado. Ya entonces, adelantándose a la jugada, proponía que
la recolocación de este excedente se materializara en el Puerto de
Huelva, la Usecic y el Núcleo de Servicios. Miembros de la delegación
onubense de la AUGC se reunieron con el subdelegado del Gobierno en
Huelva, Enrique Pérez Viguera, para mostrarle su preocupación por la
incorporación de la vigilancia privada a la cárcel, a lo que el
dirigente respondió que "se intentaría acoplar a los agentes en otras
unidades que se encuentren cerca de la prisión".
La Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones
Penitenciarias (Acaip) se posiciona en la misma línea, aclarando que
"vienen para sustituir a los agentes", pero va más un poco más allá. Su
delegado en Huelva, Genaro González, remarcó ayer a este rotativo que
la incorporación de los cuatro vigilantes supondrá "un gasto importante"
para la Administración central, en lugar de constituir "un ahorro que
sería más lógico en estos tiempos de crisis".
El sindicato de prisiones ya alertó de que los efectivos
privados "no tienen competencias para ejercer como autoridad". Por ende,
si se produjera un altercado entre los familiares que visitan a los
internos o se diera la circunstancia de que se registrara alguna fuga,
"estas personas no podrían retener a nadie, del mismo modo que si robas
en un supermercado el guardia de seguridad ni siquiera puede cachearte,
porque esa tarea la tienen que realizar los agentes de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado".
La AUGC recordó por otro lado que, pese a que el Ejecutivo
justifica la medida en la recolocación del personal de vigilancia
privada que prestaba servicios de escolta en el País Vasco y Navarra,
"la propia Asociación de Escoltas privados está llevando a cabo diversas
movilizaciones precisamente porque no es a ellos a quienes se están
adjudicando estas funciones".
Interior aclara que los vigilantes no llevarán armas y que en
ningún caso tendrán contacto con los internos. Tampoco accederán al
interior de la prisión ni ayudarán ni participarán en las conducciones
de reclusos.
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1517959/la/seguridad/privada/se/instala/la/carcel/como/apoyo/la/benemerita.html
Autor.: Isidro. Tu blog sobre Seguridad Privada. Toda la información a tu alcance.