La nueva Ley de Seguridad Privada reabre el debate sobre intereses económicos de dirigentes del PP en este sector
La aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que dará luz verde a vigilantes de empresas privadas para que puedan cachear y detener en la calle a cualquier ciudadano tiene como un objetivo clave potenciar negocio a este sector. No es una acusación proveniente de la oposición ni de movimientos sociales, lo ha admitido el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Este miércoles las redes sociales ardían por los numerosos comentarios que recordaban las conexiones de dirigentes del PP con este negocio.