El atentado anarquista en la Basílica del Pilar o el caso del pistolero de París son dos incidentes recientes que han despertado de nuevo la sensación de vulnerabilidad de los lugares de acceso público. Estos sucesos coinciden, no obstante, en un momento en que las medidas de seguridad están experimentando unos recortes considerables debido a la crisis y con menores presupuestos institucionales para estas partidas, según coinciden empresarios y sindicatos del sector.
“La Generalitat y los ayuntamientos han reducido drásticamente, hasta un 50%, y en algunos casos más, las partidas destinadas a la seguridad, sobre todo en los dos últimos años”, alerta a LaVanguardia.com Josep Mulero, representante de la Associació d'Empreses de Seguretat (ACAES), que aglutina el 80% del sector en Catalunya. Una situación similar viven los empresarios del resto de España que aseguran que “los recortes en materia de seguridad privada son un hecho y afectan muy negativamente al sector”, afirman fuentes de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), que agrupa a las grandes empresas españolas que representan a cerca del 80% del volumen de negocio del sector. Y es que todas las fuentes consultadas coinciden en asegurar que desde 2008 han entrado en una “tendencia decreciente, que tiende a mantenerse en el corto plazo” y que les ha llevado a cerrar 2012 con menos de 3.000 millones de euros, una facturación similar a la realizada en el ejercicio 2004.
En el caso catalán, el departamento d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha reconocido a este medio que los recortes han afectado a la partida de seguridad, aunque no han concretado cifras. Además, como sucede en otros sectores como en el farmacéutico, las empresas de seguridad también sufren importantes retrasos en los cobros y aseguran tener “facturas pendientes de la Generalitat de hace más de dos años y atrasos de pagos de los ayuntamientos”, revela Mulero.
Todo ello, explican desde APROSER, repercute en los trabajadores porque con la demora en la atención de las facturaciones y la dificultad de acceso a la financiación “se hace muy difícil atender mensualmente los compromisos de pago a empleados y proveedores, y tomar medidas en defensa de un sector clave”.
Vigilantes sin títulos adecuados El descenso de las contrataciones y el volumen de negocio van acompañados, según explican empresarios y sindicatos, de un empeoramiento de los servicios de seguridad contratados. Así, según APROSER se está dando una tendencia por parte de las administraciones a contratar “priorizando el precio sobre la calidad del servicio”, algo que lleva, en ocasiones, a “un incumplimiento por parte de algunas empresas adjudicatarias de las normativas mínimas aplicables”, alertan.Jesús Martínez, secretario de acción sindical de la federación de servicios privados de CCOO, también cree que el servicio prestado está empeorando. El representante sindical apunta que se utilizan vigilantes que no tienen la titulación adecuada y que para poder mantener unos mínimos, prescinden de agentes y “tiran” de seguridad privada pasiva, como pueden ser las cámaras de vigilancia a pesar de que asegura que los estudios advierten que estos sistemas funcionan “relativamente” y que la seguridad física, la presencial, es la más efectiva. Esta tendencia provoca que “hoy sobren vigilantes de seguridad mientras que en 2009 faltaban”, explican.
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