"Los vigilantes no somos ni una cosa ni otra. Yo salgo corriendo detrás de alguien que ha robado en la tienda, pero no me quiero meter en los líos de la calle”, explica Pedro, un agente de seguridad privada de una tienda del centro de Madrid.
Ha visto en las noticias que si se acaba aprobando el proyecto de ley de seguridad privada, pendiente de trámite parlamentario, su jefe puede mandarle a patrullar en la calle. Y le da bastante miedo.El borrador que ha presentado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este mes amplía aún más el terreno de acción de los vigilantes privados, que podrán hacer ronda en las calles comerciales y tendrán potestad para detener, identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área de protección delimitada. Los primeros escépticos son los propios vigilantes que, con una formación más básica que los policías, sienten que la ley no les protege como a ellos.“El ministerio tiene que garantizar que el servicio que se delega lo pueda ejercer la seguridad privada y para eso tiene que formarnos mejor”, apunta José Rafael Centeno, director del sector de seguridad de la UGT. “Se ha atacado mucho a los vigilantes y no nos lo merecemos. Si hemos valido para escolta en el País Vasco y en Navarra durante 30 años, somos válidos para cualquier otra función, pero tenemos que recibir la formación necesaria”, añade.
La instrucción es, efectivamente, uno de los aspectos que perfila la nueva ley, aunque no deja claro cómo acabará cuajando esta intención de mejorar las competencias de los vigilantes. El borrador deja la puerta abierta a concretarla con programas de Formación Profesional o universitarios, pero los afectados temen que el Gobierno les dé responsabilidades de policía sin las herramientas para hacerlo.