La crisis económica ha llegado más tarde a Burgos que al resto de España, circunstancia en la que inciden constantemente los estudios sobre la economía provincial. Esta situación también se refleja en el sector de la seguridad privada que, especialmente a partir del año 2009, ha perdido en torno al 20% de trabajadores. Al comienzo de la crisis, el número de empleos en este sector se acercaba a los 800, y en la actualidad ronda los 600. La crisis ha hecho que en España se hayan perdido cerca de 5.000 puestos de trabajo en el sector.
Una de las principales causas de esta caída en el empleo se debe principalmente a que la Administración, que tradicionalmente ha sido uno de los clientes más importantes de seguridad, ha recortado su presencia. Miguel Ángel Santillana, responsable de Servicios Privados de Comisiones Obreras en Burgos, explica que en muchos puestos se ha pasado de los tres turnos a dos. Junto con las administraciones, los centros comerciales y grandes centros de trabajo también han sustituido la mano de obra con dispositivos de videovigilancia, así como alarmas.
Una tercera causa de este notable descenso en el número de puestos de trabajo está en que durante la época de bonanza económica, hasta 2009 incluido, se «pagaba mucha hora extra». Una costumbre que sustituía, según Santillana, la falta de vigilantes privados que siempre ha padecido este sector para cubrir toda la demanda.
Conflicto laboral
Esta situación llega en pleno conflicto entre la patronal y los trabajadores, que el pasado viernes logró apaciguarse al firmar un acuerdo UGT y USO, sindicatos con representación mayoritaria, en el que se ha acordado congelar un año más los salarios de un sector que lleva cinco años sin subidas. A finales del pasado mes de enero, las dos principales empresas del sector anunciaron descuelgues salariales y modificaciones del convenio colectivo al considerar que no podían asumir la subida salarial cercana al 5% que se recogía para este año para recuperar en parte la reducción de cerca del 2% en las pagas extra. A ello había que añadir que empresas más pequeñas habían firmado acuerdos laborales por debajo del convenio sectorial de seguridad privada, lo que también había provocado el rechazo de las centrales sindicales.
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