SEGURIDAD PRIVADA
La seguridad privada llega al Centro Penitenciario de Segovia, ubicado en Perogordo, el día 1 de octubre.
El Ministerio de Interior ha contratado a la empresa Securitas para que
preste el servicio de ‘Apoyo a la Seguridad’ en el centro penitenciario
de Segovia a partir de mañana, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno, detallando que el equipo que desarrollará estas labores está formado por 15 personas.
Los agentes privados centrarán su labor en la vigilancia del perímetro de la cárcel de Perogordo, vallado y muros exteriores, así como en la comprobación de los accesos reservados a familiares de los internos y el control de las cámaras de vigilancia.
La subdelegada del Gobierno en Segovia Pilar Sanz afirma de manera insistente que la Policía Nacional, en el caso de Segovia, y en otros centros también la Guardia Civil siguen siendo “los garantes y responsables de la seguridad en los centros penitenciarios”. Pilar Sanz mantiene que la implantación de los servicios de seguridad privada no reemplaza en ningún caso la vigilancia que vienen haciendo los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes privados “realizarán tareas auxiliares y de apoyo” precisa la subdelegada circunscribiendo esta colaboración al ámbito exterior de la cárcel, “nunca en el interior”.
El proceso de entrada de las empresas privadas de seguridad en las prisiones fue puesto en marcha por el Ministerio de Interior el pasado año con un plan piloto que se llevó a cabo en 21 centros penitenciarios. El programa se extiende ahora a todos los centros dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, y en el caso concreto de la cárcel de Segovia se pone en marcha el miércoles 1 de octubre.
El coste de incorporar empresas privadas a las prisiones supera los 33 millones de euros sólo para el primer año. Eso es lo que destina el Ministerio del Interior en el primer contrato de este plan, que cubre 67 centros penitenciarios dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y emplea a más de 800 vigilantes privados. Así lo explica el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que se detalla que “el coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015”.
El Ejecutivo detalla que el contrato se estructurará en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, “con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato”.
Los agentes privados centrarán su labor en la vigilancia del perímetro de la cárcel de Perogordo, vallado y muros exteriores, así como en la comprobación de los accesos reservados a familiares de los internos y el control de las cámaras de vigilancia.
La subdelegada del Gobierno en Segovia Pilar Sanz afirma de manera insistente que la Policía Nacional, en el caso de Segovia, y en otros centros también la Guardia Civil siguen siendo “los garantes y responsables de la seguridad en los centros penitenciarios”. Pilar Sanz mantiene que la implantación de los servicios de seguridad privada no reemplaza en ningún caso la vigilancia que vienen haciendo los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los agentes privados “realizarán tareas auxiliares y de apoyo” precisa la subdelegada circunscribiendo esta colaboración al ámbito exterior de la cárcel, “nunca en el interior”.
El proceso de entrada de las empresas privadas de seguridad en las prisiones fue puesto en marcha por el Ministerio de Interior el pasado año con un plan piloto que se llevó a cabo en 21 centros penitenciarios. El programa se extiende ahora a todos los centros dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, y en el caso concreto de la cárcel de Segovia se pone en marcha el miércoles 1 de octubre.
El coste de incorporar empresas privadas a las prisiones supera los 33 millones de euros sólo para el primer año. Eso es lo que destina el Ministerio del Interior en el primer contrato de este plan, que cubre 67 centros penitenciarios dependientes del Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz y emplea a más de 800 vigilantes privados. Así lo explica el Gobierno a través de una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press en la que se detalla que “el coste del contrato asciende a 33.387.743,03 euros distribuidos en las anualidades 2014 y 2015”.
El Ejecutivo detalla que el contrato se estructurará en cuatro lotes, divididos por zonas geográficas, “con lo que se pretende garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato”.