ETA no existe en la práctica, pero no es óbice para que el Estado
siga subvencionando la seguridad privada a los partidos políticos con
representación parlamentaria, además de fijar los efectivos policiales
necesarios. Según los informes para su fiscalización remitidos al
Tribunal de Cuentas, el Estado destina casi 3,4 millones de euros al año
en subvenciones para este concepto; una cantidad a añadir al conjunto
de ayudas o subvenciones oficiales que los partidos perciben en función
de la ley para su financiación, que en el año 2012 alcanzó la cifra
global de casi 210 millones de euros. Pese a estas cifras, los partidos
reflejan en sus informes que están arruinados y que precisan más
seguridad en estos tiempos que corren.
Según los datos facilitados por los partidos políticos relativos a
2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, no basta la
seguridad de los Cuerpos y Fuerzas del Estado, o de las policías
autonómicas en los casos catalán y vasco: el conjunto de los partidos
políticos con representación parlamentaria necesitan anualmente más de
3,38 millones de euros para pagar su propia seguridad privada. Ese gasto
está subvencionado de forma oficial por el Estado a través del Real
Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, por el que se regula la
tramitación de las subvenciones estatales anuales para sufragar los
gastos de seguridad en que incurran los partidos políticos.
En 2012, último año fiscalizado por el Tribunal de Cuentas y, por
tanto, con los datos ya oficializados, la subvención global en este
concepto dada por el Ministerio del Interior supuso un desembolso de
3,38 millones de euros. Pero casi la mitad de esa subvención se la llevó
el Partido Popular, que justificó gastos en seguridad privada por valor
de 1.620.571,56 euros, pese a que la mayoría de sus dirigentes están en
el Gobierno y gozan de la preceptiva protección oficial. El Tribunal de
Cuentas ha dado por bueno ese gasto, señalando que coincide con el
informado por el Ministerio de Interior a este Tribunal” pero ‘regaña‘
al PP, porque el informe remitido al Tribunal no contiene la relación
pormenorizada de las operaciones imputadas requerida en el artículo
18.2.a del mencionado Real Decreto.
Hay que tener en cuenta que en 2012 el PP ya estaba en el Gobierno,
pero que también empezaron a realizarse las primeras grandes
manifestaciones por su política de recortes de los derechos sociales. En
ese año también se produjeron muchos ‘lanzamientos‘, es decir,
desahucios, y se empezó a desarrollar el fenómeno del escrache. De
resultas de todo esto, lo que hace el conjunto de los ciudadanos es
subvencionar la seguridad privada del PP, ya que teme las
manifestaciones de los propios ciudadanos. Toda una ironía.
Pero, en fin, el partido de Rajoy no es el único
subvencionado, claro está: reciben cantidades variables para seguridad
privada -en función de su representatividad- el resto de las fuerzas
parlamentarias, aunque algunas deberán reintegrar cantidades a la
Dirección General de Política Interior al no haber justificado el
suficiente nivel de gasto para las subvenciones recibidas. Se trata de
Amaiur, con 22.621,67 euros de gastos no justificados en seguridad
privada; Coalición Canaria, con 17.408,24 euros; Compromís-Q, con
1.297,67 euros; Geroa Bai, con 4.753,01 euros; Partido Aragonés, con
9.212,28 euros; Unión del Pueblo Navarro, con 4.556,89 euros, y Unión
Progreso y Democracia, que deberá devolver 583,02 euros de los
percibidos para este concepto.
Lo que cuesta la seguridad privada de los grandes partidos políticos
En cuanto a los gastos en sí mismos en seguridad privada, aunque sin
precisar los conceptos, el segundo partido que más necesita -o,
simplemente, más gasta- es el PSOE, que percibió del Estado 899.525,09
euros en 2012, la mitad prácticamente de lo que percibe el PP. El
Tribunal de Cuentas da por buenas las cifras aportadas por los
socialistas, pero también ha ‘reñido‘ al PSOE por presentarlas fuera de plazo. En todo caso, el partido de Pedro Sánchez dice que se gasta en seguridad 1.111.559,60 euros al año, unos 200.000 más de lo que percibe por el Estado.
Ahora bien, el PSOE no contabiliza las subvenciones que recibe su ‘filial‘ en Cataluña, el PSC, que tiene contabilidad propia. El partido que dirige actualmente Miquel Iceta
recibe una subvención del Estado para sufragar los gastos de seguridad
privada por importe de 134.650,20 euros. Sin embargo, el PSC asegura que
sus gastos en seguridad ascienden a un total de 255.863,33 euros, por
lo que la subvención recibida por parte del Estado sólo cubrió el 52,62%
de los gastos de 2012. Y eso que en ese año todavía no estaba tan
caldeado el ambiente en Cataluña como lo está en la actualidad.
Más complicado es averiguar las subvenciones totales de Izquierda
Unida, pero en concreto, la subvención anual recibida por la formación
de Cayo Lara para sufragar los gastos de seguridad
privada ascendió en 2012 a 154.893,01 euros. Por su parte, la formación
catalana coaligada con IU, ICV, recibió paralelamente una subvención
para sufragar los gastos de seguridad 36.858,81 euros.
En cuarto lugar, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) también tiene un
importante gasto en seguridad privada: refleja haber gastado 127.084,05
euros en 2012. Sin embargo, la formación de Rosa Díez
sólo justificó gastos por 126.501,03 euros, lo que refleja un exceso en
la subvención recibida por importe de 583,02 euros que la formación
política tiene que reintegrar al Ministerio del Interior de acuerdo con
el procedimiento establecido en el artículo 23 del Real Decreto
regulatorio.
La seguridad privada de los pequeños partidos
El resto de las fuerzas con representación parlamentaria también
reciben subvenciones para seguridad privada en función de su
representatividad. La formación abertzale Amaiur, por ejemplo,
percibió 62.707,46 euros para hacer frente a la seguridad de sus
dirigentes y sedes, aunque respecto a la justificación de esta
subvención, no declaró gastos de seguridad en el ejercicio 2011, y en el
de 2012 ascendieron a 32.396,62 euros; en consecuencia, quedaron
pendientes de aplicar un importe de 7.643,12 euros del ejercicio 2011 y
otro de 22.621,67 euros del ejercicio 2012: Amaiur tendrá que devolver
un total de 30.264,79 euros a la Dirección General de Política Interior.
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) recibió en 2012 subvenciones del
Estado por un importe total de 974.625,62 euros, de los que 927.037,57
euros fueron para gastos de funcionamiento ordinario y el resto,
47.588,05 euros, a gastos de seguridad.
Por su parte, los nacionalistas catalanes fueron subvencionado con
14.086,95 euros, aunque deberá devolver 1.297,67 euros. El Bloque
Nacionalista Galego (BNG) recibió subvenciones por 24.306,92 euros, y en
su caso se ha verificado que los gastos declarados se encontraban
debidamente justificados.
A la Chunta Aragonesista se le sufragó su seguridad privada por
8.368,02 euros. Mientras, ERC recibió 34.609,85, aunque la formación de Oriol Junqueras
emitió una memoria económica justificativa del coste de las operaciones
imputadas a la subvención a la seguridad privada, así como copia de las
facturas que los soportan, por un importe certificado de 53.546,79
euros, es decir, más de lo percibido.
El Foro de Ciudadanos (FAC) de Francisco Álvarez-Cascos,
con un diputado en el Congreso, recibió subvenciones del Estado para el
funcionamiento ordinario de 250.857,00 euros y para sufragar los gastos
de seguridad de 12.877,00 euros. Mientras que el Partido Aragonés fue
subvencionado en 2012 con 16.720,78 euros. Sin embargo, esta fuerza
aragonesista sólo reconoció gastos de seguridad en el ejercicio 2012 de
9.767,09 euros y no ha aportado copia de las facturas que soportan esos
gastos: sólo se han justificado gastos de seguridad asumibles por
5.468,98 euros, por lo que 9.212,28 euros de la subvención abonada en el
ejercicio 2012 deberán ser reintegrados.
A Coalición Canaria le correspondieron 20.408,75 euros, ascendiendo
los gastos de seguridad justificados por el partido a 3.142,26 euros, si
bien resulta subvencionable un importe de 3.000,51 euros. En
consecuencia, el remanente de la subvención recibida en el ejercicio
2012 y no aplicado a cierre del mismo asciende a 17.408,24 euros, que
deberá ser objeto de reintegro a la Dirección General de Política
Interior.
La formación navarra Geroa Bai, con una diputada en el Congreso,
justificó gastos de seguridad por 2.585,42 euros, pero la formación
recibió 7.338,43 euros, por lo que deberá reintegrar 4.753,01 euros.
Mientras que la también navarra UPN recibió una subvención del Estado
para sufragar los gastos de seguridad por importe de 18.723,53 euros;
sin embargo, sólo justificó 14.166,64 euros, por lo que debe devolver
4.556,89.
Y, en fin, Entesa del Progres de Catalunya presentó, con la memoria
anual, la memoria de actuación y la memoria económica para justificar la
subvención para gastos de seguridad por 134.650,20 euros. Pero la
Entesa dice que se gasta en seguridad privada nada menos que 255.863,33
euros, por lo que la subvención recibida cubre sólo el 52,62% de los
gastos reconocidos por la formación en este concepto.
Hay que destacar que entre los recursos que integran la financiación
pública para funcionamiento ordinario de los partidos políticos se
incluye la asignación anual para sufragar sus gastos de seguridad, según
establece el Real Decreto 1306/2011, de 26 de septiembre, aprobado por
el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Esta subvención es
independiente de la que perciben los partidos por gastos electorales y
para su funcionamiento ordinario, que en 2012 ascendió a un total de 210
millones de euros, cifra en la que se contabilizan no sólo las
subvenciones estatales, sino también las autonómicas y municipales; es
decir, todo el conjunto de la subvención oficial.
http://www.cuartopoder.es/enlegitimadefensa/2014/11/01/el-estado-se-gasta-casi-4-millones-de-euros-anuales-para-financiar-la-seguridad-privada-de-los-partidos
Autor.: Isidro. Tu blog sobre Seguridad Privada. Toda la información a tu alcance.