La cuestión de fondo es que al menos una de las empresas se beneficia de las contratas carcelarias mientras despide a los trabajadores.
Se da la circunstancia de que entre los argumentos que utilizó en su día el ministro Fernández Díaz para justificar su plan de privatización de la “seguridad exterior” de las prisiones figuraba la necesidad de mantener el empleo en las empresas de seguridad que daban servicio de escolta a los cargos públicos y dirigentes del PP amenazados por ETA. Ombuds figuraba entre las más solicitadas y beneficiadas, .... En 2007 recibió de Interior, con el Gobierno del PSOE, más de 30 millones de los 90 destinados a aquel servicio específico de protección.
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