Defensa adjudicó el pasado año el contrato para 2017 de los servicios de seguridad privada de sus dependencias ministeriales y organismos autónomos dependientes a la empresa Marsegur Seguridad Privada, de entre otras seis ofertas presentadas, al ser la “más ventajosa económicamente”. Una compañía presidida por un sujeto de cuidado, “capo de la seguridad privada” en España, y presidente en sus ratos libres del equipo de futbol de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
La “oferta más ventajosa”, tras su adjudicación definitiva, le está saliendo muy cara al Ministerio de María Dolores Cospedal. A partir de ese momento, los trabajadores de Marsegur, incluidos los que prestan sus servicios en el Museo del Ejército de Toledo, no han dejado de protagonizar una serie de manifestaciones públicas por unas condiciones laborales que “prácticamente rozan la esclavitud”, en opinión de los sindicatos, y muy por debajo del convenio de Seguridad Privada de ámbito sectorial y estatal.
Precisamente, esta semana tienen previsto hacerlo de nuevo en Madrid donde aproximadamente unos 500 trabajadores de Marsegur ejercen la vigilancia , además de en el Ministerio de Defensa, en la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento capitalino, Emergencias 112, Instituciones Penitenciarias, y la Tesorería de la Seguridad Social, entre otros organismos públicos y privados. Los servicios de vigilancia de Marsegur son muy utilizados por la Administración española, especialmente por parte del Ministerio de Defensa que entre 2014 y 2017 ha suscrito contratos por valor de 19 millones de euros, seguidos por los Ministerios de Empleo (3,1 millones); Interior (1); Hacienda y Administraciones Públicas (0,7); Economía y Competitividad (0,5); y Sanidad (0,1). La compañía de seguridad cuenta en la actualidad con unos 1.000 empleados en toda España y facturó 6,7 millones de euros en 2015, un 235% más respecto al año anterior, de acuerdo con su última memoria de cuentas anuales remitida al Registro Mercantil.
Según las organizaciones sindicales, un vigilante de seguridad de la empresa de Ramírez viene cobrando una nómina de 789 euros brutos al mes, con todos los complementos incluidos, una pérdida del poder adquisitivo de cerca de 400 euros respecto al convenio estatal de seguridad. A pesar de estas lamentables condiciones, la empresa canaria no comete irregularidad alguna, pues la Reforma Laboral de 2012 ampara este tipo de contratos, posibilitando que los convenios de empresa prevalezcan sobre el convenio estatal. Una práctica que impulsa rebajas salariales que en ocasiones puede llegar hasta el 50 por ciento en comparación con los de ámbito nacional.
Atendiendo las reclamaciones de los sindicatos, el Ministerio de Justicia ha comenzado a tomar cartas en el asunto y el Ministerio de Defensa, junto al resto de organismos oficiales afectados, ha constituido un grupo de trabajo para abordar las condiciones de los vigilantes de seguridad a nivel global. De esta forma se pretende dar por concluidos los servicios que viene prestando Marsegur en todas estas instituciones, salvo equiparamiento de sus trabajadores al convenio estatal, una opción que parece improbable. Un acuerdo que se retrasa inexplicablemente y que están suponiendo pérdidas económicas considerables a tantos trabajadores que desempeñan estas labores en condiciones tan precarias. Una posibilidad que se evitaría si en los concursos del Estado se tuviera algo menos en cuenta el presupuesto licitado, propiciando de esta forma unas “bajas temerarias” en los contratos que casi siempre las pagan los trabajadores.