Ramírez es presidente de la U.D. Las Palmas, y donante del PP.
A Miguel Ángel Ramírez Alonso, propietario del Grupo Ralons y
presidente de la UD Las Palmas, el BOE no hace más que traerle buenas
noticias. El 21 de noviembre el boletín oficial recogía su indulto, que
evitaba su paso por prisión tras haber sido condenado a tres años y un
día por realizar obras ilegales en territorio protegido. Sólo unas
semanas después, una de las empresas de su grupo -Seguridad Integral
Canaria- recibe dos contratos del Ministerio de Defensa que suman más de
700.000 euros.
Ambos contratos incluyen la seguridad de ciertos edificios
dependientes de Defensa durante tres meses, del 1 de enero al 31 de
marzo de 2014. El primero, adjudicado por 360.248 euros, incluye la
seguridad privada en centros como el complejo de Arturo Soria, en
Madrid, y varias residencias militares, entre muchos otros.
El segundo, por el que el ministerio abonará a la empresa 351.926 euros,
está destinado a costear la seguridad privada de las subdelegaciones de
Defensa en varias provincias.
No es la primera vez que Seguridad Integral Canaria, en plena
expansión en la península, se lleva un contrato de estas
características. En julio resultó adjudicataria de parte de la seguridad
en el metro de Madrid, como publicó Ángel Calleja en 20 minutos.
El Ministerio de Defensa ha confiado a la seguridad privada, en los
últimos tiempos, la protección de varios de sus edificios. Así, hace un
año adjudicó la seguridad de diez hospitales militares por tres millones
de euros.
Buenos días.
Miguel A. Ramírez, empresario contribuyente del PP, indultado por delitos contra el patrimonio público
Santiagomiro
El grancanario, Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente del Grupo
Ralonsy de la Unión Deportiva Las Palmas, es un empresario de sólo 44
años que fundó una empresa de transporte urgente de mercancías con sedes
en Madrid, Barcelona y Canarias. Simultáneamente hizo una incursión en
el negocio de la alimentación minorista con una cadena de charcuterías y
abrió una tienda dedicada al mundo de las mascotas. En 1995, fundaba la
empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), punto de partida de su
expansión empresarial, alcanzando el liderazgo en el sector de la
seguridad privada en el Archipiélago Canario. Actualmente gestiona una
veintena de empresas, que dan trabajo a más de 5.000 trabajadores en
todo el territorio español.
Miguel Ángel Ramírez posee, entre otras distinciones, la Medallaal
Mérito Militar, Mención Honorífica Policial y es Mecenas de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pero también cuenta con una
condena por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas a tres años y
un día de prisión por un delito contra la ordenación del territorio,
debido a las obras que realizó en una vivienda de su propiedad en una
zona rústica y protegida por las leyes medioambientales, ubicada en la
zona de La Milagrosa, en la isla de Gran Canaria. El Boletín Oficial del
Estado (BOE) publicaba el pasado 21 de noviembre el indulto por el que
se conmutaba la condena firme que la Audiencia de Las Palmas había
dictado contra él. La gracia que se le concede afecta sólo a la pena de
prisión (tres años y un día), pero deja en vigor el resto de las
condenas (inhabilitación para ejercer cualquier oficio relacionado con
la construcción durante tres años y multa de 43.260 euros). Una
conmutación que ha sido duramente criticada.
Todo comenzó con una denuncia de oficio del Servicio de Protección de
la Naturaleza, el Seprona de la Guardia Civil, por la realización de
obras ilegales en suelo rústico y en un paraje especialmente protegido,
“con total desprecio a la ordenación legal del terreno”. La sentencia,
ratificada por la Audiencia Provincialde Las Palmas, afirma que el
condenado realizó diversas obras no autorizadas y en ningún caso
autorizables porque invaden terreno rústico en el paraje y el paisaje
protegido de Pino Santo. Y cita un estanque de 400 metros cuadrados, dos
aparcamientos de 250 y 255 metros cuadrados, un nuevo camino, muros y
el vallado perimetral de una propiedad de 30.000 metros cuadrados.
Además de los tres años de prisión, la sentencia le imponía la
reparación del daño, una multa de 60 euros diarios durante 24 meses y la
inhabilitación para el ejercicio de la construcción.
Cayo Lara (IU) ha dirigido varias preguntas al Gobierno para que
Gallardón, ministro de Justicia, tenga a bien aclarar los motivos por
los que indultó al empresario, un auténtico lince de la seguridad
privada que ha conseguido importantes contratas en organismos y empresas
públicas, tales como Metro de Madrid, que depende del Ejecutivo
autonómico de Ignacio González, el complejo de los Nuevos Ministerios o
el Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de la Presidencia,
del que es titular la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Las
preguntas del coordinador general de IU son inteligibles y directas:
“¿Cuánto ha pesado a la hora de conceder este indulto el que este
empresario sea un gran proveedor de servicios de seguridad a las
Administraciones Públicas? ¿O que alguna de sus empresas, como
‘Gestiones y asesoramientos 3000’, aparezca en la lista de las mayores
contribuyentes legales al PP (50.000 euros), según la contabilidad
oficial del Partido Popular correspondiente al ejercicio 2011, última
fiscalizada por el Tribunal de Cuentas?”. Lara inquiere al Ejecutivo si
“ve razonable que empresas de un ciudadano, condenado por delitos
(contra el patrimonio público) y con donaciones como la expuesta, pueda
seguir firmando contratos con las Administraciones Públicas”.
Ramírez Alonso empezó de frutero ambulante, siguió de charcutero y se
metió en el negocio de la seguridad privada Creó la SIC, que hoy cuenta
con más de tres mil empleados y factura unos 120 millones de euros
anuales, el 70% a las Administraciones Públicas. Sabedor de que el
dinero y la información privada son armas esenciales para evitar la
cárcel, decidió solicitar el indulto al tiempo que patrocinaba unas
jornadas jurídicas protagonizadas por el fiscal de Medio Ambiente de Las
Palmas, Javier Ródenas, precisamente el encargado de redactar uno de
los informes decisivos para la concesión del perdón. Con el argumento de
que el perdón permite al condenado derribar las obras ilegales más
deprisa, Gallardón lo incluyó en un paquete con otros veintidós indultos
y, hace dos meses, el Consejo de Ministros lo ratificó. El asunto
habría pasado inadvertido si Cayo Lara, alertado por sus compañeros de
IU y por una información del diario El País sobre los indultos
concedidos el 31 de octubre pasado, no hubiera exigido explicaciones
sobre la “gracia” gubernamental a este contratista de seguridad al que
personas influyentes del PP recomiendan no soliviantar.
Fuente: http://es.paperblog.com/miguel-a-ra...
