La subdirectora de régimen del centro penitenciario de Cáceres, Rosa Carrasco, asegura hoy que la cárcel cuenta
con "personal suficiente" para garantizar la seguridad de internos y
trabajadores, aunque reconoce que dentro de unos años sí podría haber
problemas.
Los delegados sindicales de CSI-F, CC.OO y UGT han
protagonizado esta mañana un encierro en la prisión de Cáceres para
denunciar posibles recortes en la plantilla de vigilantes internos si no
se cubren las plazas de los funcionarios que pasan a segunda actividad,
además de criticar la privatización de la seguridad externa del centro.
Carrasco asevera que la prisión es "totalmente segura para los internos y para los trabajadores".
No obstante, reconoce que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias "debe
estar estudiando la oferta de empleo porque dentro de unos años sí
podría haber problemas por el paso a segunda actividad de parte de la
plantilla".
La subdirectora también admite que una empresa privada se hará cargo de la seguridad externa, pero que de la interna "no se ha hablado nada".
Sobre esta cuestión, el delegado del Gobierno en Extremadura, Germán López Iglesias, declara en Badajoz que el encierro no tiene sentido pues la privatización anunciada no afecta a los funcionarios de prisiones.
Aclara que el personal de seguridad privada va a estar en
las puertas de control, pero apoyados por un agente de la Policía
Nacional o de la Guardia Civil.
Esta privatización supone, a su juicio, una "mejora sustancial e importante".
En el caso de la cárcel de Badajoz, apunta que este cambio
supone la incorporación de cinco trabajadores de seguridad privada sin
armas y uno con armas.
La gente demanda cada vez más a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y, "si están vigilando el recinto o la entrada y salida de una institución", no están disponibles para patrullar las calles, por lo que, a su juicio, habría que estar contentos por estos cambios.
