En una época de restricciones presupuestarias y de recortes en los servicios básicos, la idea del conseller de Interior, Felip Puig, de conceder el estatuto de agente de la autoridad a los vigilantes privados de seguridad que desarrollan su tarea en los transportes públicos es comprensible. No están los tiempos como para aumentar las plantillas de los mossos o de las policías locales y, si ello sucediera, habría otras prioridades antes que enviar a los nuevos agentes a vigilar estaciones o andenes.
Ahora bien, como el propio departamento reconoce, este salto cualitativo no se puede hacer a la ligera y es exigible que los guardias privados que gocen de la condición de agente de la autoridad sean los mejor preparados y hayan superado con nota los cursos correspondientes. Porque la medida tiene un doble objetivo: proteger mejor a los agentes que pueden ser objeto de agresiones, como la que se produjo en pasado 1 de abril en la estación de Castelldefels, pero también aumentar su responsabilidad cara al trato con los ciudadanos. Las agresiones a los guardias privados con el nuevo estatus serían ya un delito -castigado con penas de dos a cuatro años de cárcel- y no una falta, como ocurre ahora entre ciudadanos particulares, pero, a cambio, recibirían también una pena mayor en caso de violar ellos la ley.
Interior debería también dejar muy claro, en la prevista reforma de la ley de seguridad catalana, que esta iniciativa, que la fiscalía ya solicitó tiempo atrás para médicos o directores de colegio, no pretende la privatización progresiva de la seguridad pública.
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