Más de un centenar de
cargos públicos se quedarán hoy sin protección en el País Vasco y
Navarra
Los escoltas privados exigen más
formación y medios
materiales, además de una jornada laboral con descansos
materiales, además de una jornada laboral con descansos
Cerca de 150 cargos
públicos de partidos políticos, Judicatura, Parlamento vasco y empresas se
quedarán hoy sin protección debido a que cerca de 200 escoltas
privados dejarán de prestar sus servicios, en protesta por sus condiciones
laborales, fundamentalmente en cuestión de salarios, jornada laboral,
formación y equipamiento.
Los escoltas de Seguriber,
empresa contratada por el Ministerio del Interior y la consejería para prestar
servicios de escolta, han decidido negarse a realizar horas extras como
forma de presión y en reivindicación a una jornada laboral "normal", con
descansos, mayor formación y más recursos materiales, así como el
reconocimiento por parte tanto de las empresas como de las Administraciones
vasca y central.
La medida de presión se trata
concretamente de aplicar de forma estricta el convenio -que marca una
jornada mensual de 164 horas y la aceptación voluntaria de horas extras-
para dejar de hacer horas extras. En la práctica, esta medida supondrá el
cese de la actividad de la mayoría de los escoltas de Seguriber hasta el
próximo 1 de julio, al tener cumplido su horario laboral con las horas
acumuladas (los trabajadores aseguran trabajar entre 300 y 400 horas
mensuales actualmente).
Según los sindicatos, si continúan
sin atenderse las reivindicaciones, cerca de 1.400 escoltas del País Vasco y
Navarra se negarán a partir del próximo 25 de julio a trabajar más
horas extraordinarias, lo que afectaría a entre 800 y 900 personas
amenazadas, que quedarían durante una semana sin el servicio de dichos
escoltas.
Por su parte, el Departamento de
Interior del Gobierno vasco anunció que adoptará las "medidas necesarias"
para garantizar la seguridad de las personas amenazadas que hoy pueden verse
afectadas por el conflicto laboral de los escoltas privados en el País Vasco y
Navarra. Según el Departamento, existe un "plan de choque" con el que
hacer frente a cualquier contingencia que se presente en caso de que haya
amenazado sin escolta.
El responsable de Seguridad Privada de
UGT, Isidro Campo, advirtió que los sindicatos y trabajadores "no
somos responsables de lo que pueda ocurrir" porque la tarea de proteger y
dar seguridad a los ciudadanos recae en la Administración y las Fuerzas de
Seguridad Públicas, dijo. "La seguridad privada es complementaria y
está subordinada a las policías públicas", añadió.
