Autor.: Isidro. Tu blog sobre Seguridad Privada. Toda la información a tu alcance.
jueves, 31 de octubre de 2013
miércoles, 30 de octubre de 2013
PRIMER CONGRESO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EUSKADI | Bilbao | El director de la Ertzaintza ha querido recordar que la cooperación entre seguridad pública y privada es fundamental, porque "cuando la seguridad pública no ha llegado, la privada es la que ha tenido que completar".
Gobierno vasco ve "buena recepción" del Ministerio de Interior a las aportaciones vascas a la Ley de Seguridad Privada
Apuesta por trabajar en coordinación con la seguridad privada para mejorar el bienestar y la convivenciaZubiaga ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del I Congreso de Seguridad Privada de Euskadi, que se celebra este miércoles en Bilbao. El viceconsejero ha excusado la ausencia de la consejera del Departamento, Estefanía Beltrán de Heredia, quien finalmente no ha podido acudir a la presentación del Congreso debido a problemas de agenda.
Durante la intervención inaugural, Zubiaga ha considerado "deseable" que esa reforma de la Ley de Seguridad Privada se realice atendiendo con "más sensibilidad social y consideración política a la realidad de la distribución competencial actual", ya que hasta ahora "no ha sido así".
En este punto, el viceconsejero ha anunciado que el Ejecutivo está trabajando con el Ministerio de Interior para que, en aquello en lo que "en inicio hubo un distanciamiento", se pueda "subsanar" durante el recorrido de la nueva Ley.
Información completa en ECODIARIO
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dicho hoy que no cree que el nuevo Código Penal vaya a "cambiar mucho" los instrumentos judiciales para perseguir los delitos informáticos.
En
el marco del primer Congreso de Seguridad Privada de Euskadi, el
magistrado ha participado esta tarde en Bilbao en una mesa redonda en la
que se han analizado los nuevos retos y amenazas a través de la red.
Sobre
los tipos penales que recoge en la actualidad el Código para perseguir
la ciberdelincuencia, el titular del Juzgado Central de Instrucción
número 6 de la Audiencia Nacional ha dicho: "Estamos fatal".
Información completa en EL CORREO
La Ertzaina ha llevado a cabo en los últimos meses diversos
simulacros en colaboración con entidades bancarias para reforzar el
protocolo de actuación ante atracos en los que pueda haber rehenes.
El
jefe de unidad de Seguridad Privada de la Ertzaintza, Francisco
Llaneza, ha informado de estas actuaciones en la conferencia que ha
pronunciado, bajo el título "Planes de seguridad y gestión de crisis",
en el I Congreso de Seguridad Privada de Euskadi, que se celebra hoy en
el Paraninfo de la UPV/EHU en Bilbao.
Información completa en ABC
El director de la Ertzaintza, Gervasio Gabirondo, ha afirmado este miércoles que no le preocupa que ETA "traiga o no las armas" para verificar su cese definitivo de la violencia, sino que dé el paso para su desmantelamiento y disolución.
Gabirondo ha asegurado que a pesar de la reestructuración que se va a acometer en la Ertzaintza, por la que se suprime la División Antiterrorista, la policía autónoma vasca seguirá velando hasta que ETA anuncie su fin.
Información completa en EL MUNDO
martes, 29 de octubre de 2013
Detectives privados de varios puntos de España se citan en León | Analizan temas de legislación, normativa en materia de seguridad privada, colaboración entre el cuerpo nacional de policía y detectives, entre otros asuntos
Veinticinco detectives privados de Castilla y León, Galicia, Asturias,
Cantabria y Madrid participaron en la Comisaría del Cuerpo Nacional de
Policía de León en una jornada de formación organizada por la Unidad
Territorial de Seguridad Privada de León, y en el transcurso de la cual
se han abordado temas de legislación, normativa en materia de seguridad
privada, colaboración entre el cuerpo nacional de policía y detectives,
violencia de género o protección a la mujer, entre otras.
Desde el departamento de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía se recuerda que, antes de contratar a uno de estos profesionales, se debe comprobar que el mismo se encuentra habilitado para el desempeño de su función, con su Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), expedida por la Dirección General de la Policía y en caso de duda, consultar sobre este extremo con la comisaría más cercana.
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Detectives-Privados-De-Varios-Puntos-De-Espana-Se-Citan-En-L-vn129834-vst216
Desde el departamento de Seguridad Privada de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía se recuerda que, antes de contratar a uno de estos profesionales, se debe comprobar que el mismo se encuentra habilitado para el desempeño de su función, con su Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), expedida por la Dirección General de la Policía y en caso de duda, consultar sobre este extremo con la comisaría más cercana.
http://leonoticias.com/frontend/leonoticias/Detectives-Privados-De-Varios-Puntos-De-Espana-Se-Citan-En-L-vn129834-vst216
Si su empresa no le ha pedido el IBAN, preocúpese: no podrá cobrar la nómina a partir de febrero | El Banco de España está preocupado por la falta de adaptación de las pymes a la nueva regulación europea de
Antes de la crisis, sólo unos pocos sabían lo que era la prima de riesgo. Ahora, todos estamos al tanto cuando sube y si supera el nivel crítico. Pero la inquietud por la prima ha quedado aparcada al mantenerse por debajo de los 250 puntos básicos. A partir de ahora, la palabra de moda va a ser IBAN, el nuevo identificador de las cuentas corrientes que exige la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA en sus siglas en inglés) para crear un mercado único de pagos de forma que se pueda operar en toda la zona desde una cuenta bancaria única. Si su empresa todavía no le ha pedido el IBAN de su cuenta corriente, el Banco de España le recomienda que empiece a preocuparse. A partir del 1 de febrero, sin IBAN no se podrán cobrar las nóminas ni pagar los recibos. "Quedan 94 días y no hay plan B", alertan técnicos del supervisor bancario, que insisten en que cumplir los requisitos y adaptarse: "No se puede dejar para el último momento porque hay que hacer pruebas y se pueden acabar produciendo cuellos de botella".El IBAN es el identificador internacional estándar para cuentas bancarias que será exigido obligatoriamente –en lugar del código cuenta cliente (CCC)- a partir del 1 de febrero para efectuar domiciliaciones de recibos, pagos por transferencia, ingresos de nóminas en las cuentas corrientes y otras operaciones. Todos tendrán que cumplir las nuevas exigencias: desde las empresas para pagar a sus empleados, las compañías de luz o teléfono para pasar los recibos, los colegios para cobrar las cuotas de los alumnos, los ayuntamientos con sus recibos o las comunidades de vecinos, entre otros. A falta de menos de tres meses, el Banco de España está preocupado por el escaso conocimiento del proceso entre las pymes, que todavía no han comenzado los preparativos. En estos momentos, el 55% de las operaciones en España se están haciendo ya con el estándar SEPA, zona única de pagos, lo que coloca a nuestro país por debajo de la media europea, pero razonablemente bien para que en febrero se realice el cambio sin problemas, según el supervisor.
Prosegur concede un total de 467 becas de estudios a los empleados en España y a sus hijos | Prosegur ha entregado un total de 467 becas de estudios a empleados de la compañía en España y a hijos o familiares de estos como parte del Programa de Becas Talento
Prosegur ha entregado un total de 467 becas de estudios a empleados de la compañía en España
y a hijos o familiares de estos como parte del Programa de Becas
Talento. Prosegur, según ha explicado la compañía, que asegura que el
número de becas concedidas en esta convocatoria ha aumentado un 37 por
ciento respecto a la edición anterior.
Prosegur ha entregado un total de 467 becas de estudios a empleados
de la compañía en España y a hijos o familiares de estos como parte del
Programa de Becas Talento Prosegur, según ha explicado la compañía, que
asegura que el número de becas concedidas en esta convocatoria ha
aumentado un 37 por ciento respecto a la edición anterior.
La
presidenta de la empresa y su fundación, Helena Revoredo, ha presidido
el acto de entrega de las ayudas que pretenden "reconocer el esfuerzo,
constancia y dedicación" de sus beneficiarios y que pretenden ser una
ayuda para sufragar gastos como la matrícula de los cursos escolares,
profesionales o universitarios, aprendizaje de idiomas o material de
estudio.
La mayoría de las becas que ha entregado la compañía
(364) han ido dirigidas a hijos menores de empleados de Prosegur en edad
escolar, mientras que 25 jóvenes, también hijos de trabajadores, han
recibido ayudas para costear sus estudios universitarios, en
reconocimiento a un expediente académico "sobresaliente", y las becas
restantes (78) han ido dirigidas a los propios empleados.
(EuropaPress)
Reguladas las condiciones de impartición de la formación de los certificados de profesionalidad | Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre (BOE de 17 de octubre | FORMACIÓN
La Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre (BOE de 17 de octubre), con entrada en vigor el 18 de octubre, determina las condiciones relativas a la impartición de la formación de los certificados de profesionalidad tanto en la modalidad presencial como en la teleformación.
El Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, regula los certificados de profesionalidad como el instrumento de acreditación oficial, en el ámbito de la administración laboral, de las cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en el marco del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional.
Este real decreto ha sido modificado por el Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, a fin de adecuar la regulación de los certificados de profesionalidad en relación con el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje y la formación profesional dual contenida en el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, así como en relación con su oferta e implantación y aquellos aspectos que den garantía de calidad al sistema.
Los certificados de profesionalidad tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas y los trabajadores ocupados y desempleados una formación que contribuya a la adquisición, mejora y actualización permanente de las competencias y cualificaciones profesionales, favoreciendo el aprendizaje a lo largo de toda la vida de la población activa, y conjugando las necesidades de las personas, de las empresas, de los territorios y de los sectores productivos. La oferta formativa vinculada con la obtención de estos certificados constituye un importante instrumento en el desarrollo de las actuales políticas activas de empleo.
Resumen de Prensa 29 de octubre de 2013
Resumen de Prensa 29 de octubre de 2013
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Diario de
Sevilla: Cándido Méndez, "muy preocupado" por el impacto del
caso de los ERE
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El Periódico
de Aragón: El Gobierno da alas a las mutuas en el control de las bajas
médicas
Sector Financiero
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El
Economista: El beneficio de Deutsche Bank se desploma un 94% por las
provisiones para litigios legales
Comunicación, Cultura y Artes
Gráficas
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Europa Press:
La igualdad de género en los directivos elevaría un 27% el
PIB en Europa en siete años, según la CEC
·
El Mundo: EL MUNDO de la Tarde, día 1
·
El
Confidencial Digital: “Hacíamos un periódico y ahora hay que hacer dos”. La
redacción de El Mundo no cree en el nuevo ‘El Mundo de la tarde’
·
Vozpópuli: 'El Mundo' fía su futuro al cobro en internet mientras 'El
País' pospone su lanzamiento
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lunes, 28 de octubre de 2013
ALCOR SEGURIDAD | Impugnación del Convenio Colectivo de Empresa |Juicio 24-01-2014 | Solicitud de información y documentación.
Buenos días,
Informamos de la la cédula de citación en la Audiencia
Nacional por la que se fija el acto de conciliación y juicio para el próximo
día 21 de enero a las 9:00, en la sede de dicho
órgano jurisdiccional, situado en la Calle Goya, nº 14, por la demanda de
impugnación del convenio colectivo de empresa de ALCOR SEGURIDAD, presentada
por FeS-UGT, FSP-CC.OO. y FTSP-USO frente a la referida entidad.
Asimismo, os informamos que de acuerdo con el Auto emitido
por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional se requiere a todas las
partes para que aporten de forma anticipada toda la prueba documental y
pericial de que pretendan hacer valerse en el acto de juicio con al menos cinco
días hábiles antes de la celebración del mismo. Puesto que el acto de juicio se
ha fijado para el próximo día 21 de enero os avisamos de que la
fecha límite para presentar la prueba documental es el día 14 de enero de
2014. Por ello, os solicitamos que nos hagáis llegar toda la
documentación que obre en vuestro poder sobre el presente asunto, al objeto de
que podamos ir preparándola con antelación suficiente.
Podeis facilitar la documentación en la siguiente dirección:
Equipo de Direccion Sectorial
FeS-UGT
Avda. América, 25-7ª Planta-28002 Madrid
Tel.: +34 915897597
Fax: +34 915897587
Resumen de Prensa 28 de octubre de 2013
Resumen de Prensa 28 de octubre de 2013
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Europa
Press: UGT presenta demanda por el despido de 9 trabajadores de
servicios municipales en Castro
Sector Financiero
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El
Economista: Grupo BFA-Bankia gana 648 millones hasta septiembre
·
Europa
Press: UGT y ETTs alcanzan un acuerdo para mantener las condiciones
del convenio hasta 2014
·
El
País: Manual contra crisis bancarias
Comunicación, Cultura y Artes
Gráficas
·
PR
Noticias: Enric Hernández (El Periódico): ‘No apoyamos a la
Generalitat, sólo al sentir mayoritario catalán'
Limpieza y Servicios a la sociedad
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FSP_UGT | UGT denuncia que la vigilancia externa de la prisión ha pasado a la seguridad privada | El sindicato señala que el proceso repercute en la eliminación de puestos de trabajo |
UGT de Huelva ha alertado de dos síntomas ocasionados por los recortes: por un lado, la privatización y, por otro, la pérdida de empleo en prisiones. De este modo, este sindicato ha puesto de manifiesto que va a apoyar a los compañeros de prisiones en todas sus reivindicaciones.
Marisa Fernández Santiago, secretaria general de la FSP UGT Huelva, ha expuesto “que tras estas reivindicaciones de la plantilla de prisiones se encuentra la merma de los servicios públicos, un ejemplo que está actualmente pasando en la seguridad exterior reservada, en principio, a cuerpos de la Guardia Civil. Desde el año pasado sin embargo funciona en prisiones un proyecto piloto para contratar una seguridad privada que acompañe a los guardias civiles, con lo que este servicio que “lo podrían realizar otros compañeros, lo han privatizado y hay duplicidad de funciones.” “Este proyecto piloto que empezó el año pasado, –añade Fernández– creemos que se ha realizado para que el servicio público vaya desapareciendo. Nos tememos, que en el perímetro interior, irán también poco a poco desapareciendo, como consecuencia de lo que ya se ha iniciado en el exterior”. FSP-UGT de Huelva entiende que todo esto afecta a los usuarios ya que se merma en atenciones psicológicas, sanitarias, así como la pérdida de empleos que se está sufriendo en prisiones, donde de 575 funcionarios, entre los que se encuentran funcionarios, médicos o educadores. ha habido una merma de 63 puestos y las plazas ya no se reponen.
Fernando Mohedano, secretario de Organización de FSP-UGT de Huelva en prisiones, indicó que hay “dos denuncias claras en sus reivindicaciones: la privatización que se está llevando a cabo y la merma del empleo. Recordó, por otro lado, que existe una plataforma conjunta con otros sindicatos para hacer una concentración el 30 de octubre en los aparcamientos de la prisión. Jesús González-Haba, secretario general de FSP-UGT de Huelva en prisiones, comentó que en en el centro penitenciario hay unos 1.200 presos, teniendo una capacidad para 900 y que a esto se une, “que cada vez hay menos compañeros para poder atender las unidades”.
PROSEGUR | Dos delincuentes muertos tras intentar robar un camión de caudales | Internacional - Panamericana
Fueron al menos 3 los delincuentes que intentaron asaltar un camión de transporte de caudales esta mañana en Panamericana a la altura de Campana, en la localidad de Otamendi. Dos de ellos resultaron abatidos tras enfrentarse con los custodios del vehículo que frustraron el asalto.
El intento de robo se produjo a la altura del kilómetro 64 en momentos en que circulaban gran cantidad de vehículos por la zona. Los delincuentes intentaron frenar el andar del vehículo arrojando piedras contra el mismo.
El transporte de caudales de la empresa Prosegur circulaba junto a un vehículo de custodia. En medio del trayecto, el rodado menor reventó una cubierta y automáticamente tuvo que detenerse.
Apenas se detuvieron aparecieron tres sujetos armados que intentaron apoderarse del dinero que trasladaba el camión de caudales. A raíz de ello, los efectivos de la bonaerense que custodiaban el blindado se enfrentaron a tiros con los delincuentes.
El tercer delincuente logró escapar corriendo del lugar. Ninguno de los efectivos policiales fue alcanzado por los disparos.
domingo, 27 de octubre de 2013
Sólo 30 familias manejan la riqueza en España
Un total de 30 familias se reparten gran parte del capital de España, según Forbes, que sostiene que las enormes fortunas siguen siendo un asunto de familia, ya que estos grandes grupos empresariales acumulan entre sus miembros hasta 32.000 millones de euros.
El círculo del poder familiar se estrecha todavía más entre los muy poderosos, ya que hay tres familias que acumulan más de 11.200 millones de euros y que se encuentran en el selecto grupo de las 10 primeras riquezas del país, tal y como refleja la lista Forbes de los 100 millonarios más ricos de España que saldrá a la luz a finales de mes.
En la edición mundial, solo figuran 5 mujeres españolas; la exmujer de Amancio Ortega, Rosalía Mera, (fallecida recientemente); las hermanas Alicia y Esther Koplowitz; Helena Revoredo, viuda del fundador de Prosegur; y María del Pino y Calvo Sotelo (hija del fundador de Ferrovial).
Información completa en: http://www.eleconomista.mobi/empresas-finanzas/noticias/5260405/10/13/Solo-30-familias-manejan-la-riqueza-en-Espana.html
lunes, 21 de octubre de 2013
Resolución de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de Ariete Seguridad, SA.
Estimados
compañeros
Os adjunto la Resolución
de 9 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al Convenio
colectivo de Ariete Seguridad, SA.
Visto el fallo de la Sentencia n.º 162/2013 de la Audiencia Nacional (Sala de lo Social), de fecha 16 de septiembre de 2013, recaída en el procedimiento n.º 314/2013, seguido por la demanda de los sindicatos FES-UGT, FSP-CC.OO. y USO contra la empresa «Ariete Seguridad, SA (código de convenio n.º 90101262012013), el comité de empresa de Ariete Seguridad, SA, Sección Sindical de UGT en Ariete Seguridad, SA, Sección Sindical de USO en Ariete Seguridad, SA, D. José María Triguero Uclés y el Ministerio Fiscal, sobre impugnación de Convenio Colectivo,
Y teniendo en consideración los siguientes
Antecedentes de hecho
Primero.
En el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de marzo de 2013 se publicó la resolución de la Dirección General de Empleo, de 7 de marzo de 2013, en la que se ordenaba inscribir en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de ese Centro Directivo y publicar en el «Boletín Oficial del Estado», el Convenio Colectivo de la empresa Ariete Seguridad, SA (código de convenio n.º 90101262012013).
Segundo.
El 30 de septiembre de 2013 tuvo entrada en el registro general del Departamento la sentencia antecitada de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en cuyo fallo se acuerda anular el Convenio Colectivo de la empresa Ariete Seguridad, SA, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 21 de marzo de 2013.
Fundamentos de derecho
domingo, 20 de octubre de 2013
El Secretario General de UGT ha remitido una circular a la organización sobre los Expedientes de Regulación de Empleo de Andalucía
El
Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha remitido hoy una circular al
conjunto de la organización sobre la causa de los Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) instruida por el Juzgado nº6 de Sevilla, que reproducimos a
continuación:
En
relación con algunas declaraciones formuladas por determinados compañeros del
Sindicato, en las que se vierten juicios de valor sobre la actuación del Juzgado
de Instrucción nº 6 de Sevilla, que instruye la causa de los EREs, la Comisión
Ejecutiva Confederal de UGT quiere expresar lo siguiente:
- Manifestamos nuestro desacuerdo con el contenido y tono de dichas declaraciones, aún comprendiendo que son quizás expresión emocional de la profunda disconformidad con las afirmaciones que se recogen en algunas resoluciones judiciales referidas al Sindicato dictadas en aquel procedimiento. Si bien defenderemos siempre el derecho a la crítica pública, también de los órganos judiciales, cuando se haga debe llevarse a cabo con pleno respeto a la administración de justicia y a las personas que la representan.
- Nuestro desacuerdo de fondo con la línea argumental y con las afirmaciones que sobre los sindicatos se hacen en el procedimiento judicial las refutaremos dentro de la propia causa, acreditando la razón de ser, la actuación y el buen hacer de la acción sindical y de nuestros cuadros y dirigentes sindicales, también en los EREs de Andalucía.
En
relación con el fondo de la instrucción, en lo que se refiere a los sindicatos y
a UGT, reiteramos lo siguiente:
1.
La tesis central de la
jueza que instruye la denominada causa de los EREs, basada en las
investigaciones de la Guardia Civil y publicitada a través de los medios de comunicación, es que
los sindicatos hemos cobrado en los EREs, sin haber realizado ningún tipo de
trabajo y bajo la amenaza de que si no pagaban las empresas o las mediadoras de
seguros no se firmaría el posible acuerdo del ERE o no se les “apoyaría” en
ningún otro expediente, como si la promoción de los expedientes y los planes de
prejubilaciones no correspondiera a las empresas o, en su caso, a la
Administración. Tal tesis no se corresponde con la realidad y a lo largo del
proceso lo iremos acreditando.
2.
Los sindicatos de clase
somos organizaciones que representamos y defendemos los intereses de los
trabajadores y trabajadoras, bajo la cobertura y garantía que nos da el artículo 7 de la
Constitución. No formamos parte de ninguna trama defraudadora: no somos
intermediarios, ni comisionistas, ni “facilitadores” de despidos de
trabajadores.
Los que
cierran las empresas y promueven despidos, elaboran las listas de los afectados
y contratan con las aseguradoras y mediadoras son los empresarios y las
administraciones, no los trabajadores ni los sindicatos; incluso se producen los
EREs a pesar de la acción y de la oposición de los sindicatos.
UGT
nunca ha participado ni participará en promover EREs, y menos aún para
aprovecharse y generar ingresos para el Sindicato.
3.
UGT en los miles de
expedientes de regulación de empleo en los que interviene en toda España siempre
ha tenido como objetivo la defensa y asesoramiento de todos los trabajadores afectados,
afiliados y no afiliados, procurando el mantenimiento del mayor número de
puestos de trabajo y la aplicación de medidas menos
traumáticas.
Cuando
la situación no permitía evitar los despidos, se ha buscado que los trabajadores
estuvieran protegidos por recolocaciones y cuando esto no era posible, que
obtuvieran las mejores indemnizaciones y condiciones de prejubilación para los
trabajadores de más edad.
Para
estos fines UGT presta asesoramiento en materia de acción sindical y de carácter
económico, técnico o jurídico. Y en el caso de los planes de prejubilaciones,
también de carácter actuarial. Si el Sindicato no asesora a los trabajadores
ante las causas que alegan las empresas o las cuentas o cálculos que elaboran,
éstos serían los únicos válidos dejando a los trabajadores en una situación de
desprotección en relación con sus puestos de trabajo, sus indemnizaciones y
prejubilaciones. Para garantizar y proteger los derechos de los trabajadores se
hace necesaria la intervención sindical en todas las áreas y materias, incluido
el contraste de los cálculos de las prejubilaciones. UGT no va a renunciar a
esta función de defensa de los trabajadores, tampoco en el caso de despidos
colectivos, pues sería tanto como renunciar a su razón de ser histórica y a la
función que le reconoce la Constitución.
4.
Estas actuaciones
requieren recursos, que UGT obtiene de las cuotas de sus afiliados y para el
resto de los trabajadores busca que no lo paguen ellos, a través de los cauces y vías legales.
Esto ocurre así en la mayoría de las grandes empresas.
En la
totalidad de los expedientes los costes de las prejubilaciones son asumidos por
las empresas, y sólo en casos de graves dificultades o insolvencia, las empresas
han recurrido al apoyo de la Administración.
En
contados casos de desaparición de las empresas (como es el caso de las empresas
mineras de la Faja Pirítica de Huelva) se ha recurrido a constituir asociaciones
de trabajadores para dar cobertura a los trabajadores
afectados.
5.
Denunciamos los intereses
de implicar a los sindicatos en tramas fraudulentas para desacreditar la
actuación sindical, debilitarla o incluso eliminarla. Nada de ello se corresponde a la verdad
y se persigue facilitar las políticas autoritarias de recortes y contrarreformas
sociales y laborales, evitando que existan contrapoderes que hagan frente a los
poderes económicos dominantes y a los políticos que secundan los intereses de
éstos.
6.
Del único compañero de UGT
imputado por la jueza se reconoce expresamente que no se ha lucrado con la
actividad sindical. Estamos convencidos que todas las cantidades que los organismos de
UGT hayan podido recibir son en pago de los importantes costes de todo tipo que
han soportado en defensa y asesoramiento de los
trabajadores.
7.
Reafirmamos nuestra
voluntad de colaboración con la justicia. Y exigimos asimismo que se respete la
honorabilidad de la Organización de los trabajadores labrada con la lucha y
sacrificio de miles de militantes voluntarios de UGT.
EULEN SEGURIDAD | La Agencia Española de Protección de Datos concede 10 días al Grupo Eulen para que cumpla con la LOPD | El 18 de agosto en una reunión del comité, los miembros asistentes como máxima representación de los trabajadores, deciden que se denuncie la situación
El 12 de diciembre de 2012 Juan Dopazo secretario del comité de Eulen seguridad y Responsable del área de seguridad privada en Navarra de CSI-F solicitó, a petición de varios trabajadores, la no inclusión del numero de DNI en los cuadrantes de los servicios, por representar un riesgo y ser un dato innecesario en dichos cuadrantes. Dichos cuadrantes están expuestos en los tablones de las empresas clientes, en los vehículos de la empresa, etc. Igualmente comunicó a la empresa que datos como la afiliación sindical, la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) le otorga un nivel de protección alto.La dirección del Grupo Eulen en Navarra hizo caso omiso a la petición. Así que tras meses de conversaciones sin que se atendiera a lo solicitado, el 15 de marzo de 2013 el secretario del comité ejerce su derecho de oposición como establece la LOPD frente a la dirección de la empresa. Sin que nuevamente se tomara en consideración el asunto.Harto de la situación el secretario y representante de CSI-F ejerce su derecho de tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) el 29 de abril de 2013, dando así mucho mas margen al Grupo Eulen que el que establece la ley para estos casos, que es de 10 días.Después de esto, la AGPD abre expediente sobre el asunto solicitando alegaciones a ambas partes. Mientras la empresa continua en sus trece y sigue utilizando los DNI de los trabajadores y marcando en algunos cuadrantes las horas sindicales utilizadas por algunos miembros del comité, que no de todos. El 18 de agosto en una reunión del comité, los miembros asistentes como máxima representación de los trabajadores, deciden que se denuncie la situación sobre la utilización de los datos mencionados anteriormente, ya que la empresa aunque ha comunicado a la AGPD que no los pone en los cuadrantes, continua haciéndolo.Denuncia que la AGPD acumula a la tutela del representante de CSI-F para que la empresa proceda a eliminar de los cuadrantes los datos que no sean necesarios para la realización de los mismos, dando un plazo de 10 días al Grupo Eulen para que remita certificación al reclamante, en la que haga constar que ha atendido completamente el derecho de oposición solicitado. De lo contrario el grupo Eulen se enfrenta a una sanción que puede ser de entre 900 y 600.000 euros dependiendo del grado de gravedad de la infracción, artículos 44 y 45 de la LOPD.Desde CSI-F no entendemos como el Grupo Eulen, teniendo una empresa dedicada a la seguridad en todas sus vertientes, se toma tan a la ligera una Ley que protege, regula y da seguridad a todos sus trabajadores, a los clientes y al grupo en si mismo. Más en la época en la que estamos, donde la privacidad, datos personales, datos de clientes, etc es información muy sensible y puede ser muy perjudicial según el trato o utilización que se le de.
http://www.denoticias.es/noticias/64264/la-agencia-espanola-proteccion-datos-concede-10-dias-al-grupo-eulen-cumpla-lopd/
http://www.denoticias.es/noticias/64264/la-agencia-espanola-proteccion-datos-concede-10-dias-al-grupo-eulen-cumpla-lopd/
jueves, 17 de octubre de 2013
El Congreso debate hoy las enmiendas al proyecto de ley de Seguridad Privada | Emisión en directo | VIII. Debates de totalidad de iniciativas legislativas. | Proyecto de Ley de seguridad privada. (121/000050)
PROYECTO DE LEY de seguridad privada
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 50-1, de 21 de junio de 2013.
(Núm. expte. 121/000050)
Proyecto de ley.
Proyecto de Ley de seguridad privada. (121/000050)
Presentado el 14/06/2013, calificado el 18/06/2013
Autor:
Gobierno
Situación actual:
Comisión de Interior Enmiendas Comisión de Interior Debate de totalidad
Tipo de tramitación:
Competencia Legislativa Plena
Comisión competente:
Comisión de Interior
Plazos:
Hasta: 10/09/2013 De enmiendas
Hasta: 17/09/2013 Ampliación de enmiendas
Hasta: 24/09/2013 Ampliación de enmiendas
Hasta: 01/10/2013 Ampliación de enmiendas
Hasta: 08/10/2013 Ampliación de enmiendas
Hasta: 15/10/2013 Ampliación de enmiendas al articulado
Hasta: 22/10/2013 Ampliación de enmiendas al articulado
Hasta: 17/09/2013 Ampliación de enmiendas
Hasta: 24/09/2013 Ampliación de enmiendas
Hasta: 01/10/2013 Ampliación de enmiendas
Hasta: 08/10/2013 Ampliación de enmiendas
Hasta: 15/10/2013 Ampliación de enmiendas al articulado
Hasta: 22/10/2013 Ampliación de enmiendas al articulado
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Interior Publicación desde 18/06/2013 hasta 21/06/2013
Comisión de Interior Enmiendas desde 21/06/2013
Comisión de Interior Mesa - Calificación desde 09/10/2013 hasta 09/10/2013
Comisión de Interior Debate de totalidad desde 09/10/2013
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Boletines:
Prevención y Salud Laboral nº100 |
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Número 99 de la revista Prevención y Salud Laboral
28 de abril de 2013: Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo
Número 98 de la revista Prevención y Salud Laboral
Buenas Prácticas para la prevención y actuación en situaciones de emergencia y autoprotección en Salas de Fiesta, Baile y Discotecas
Jornada de presentación de la Guía: “Prevención de los Riesgos durante el Embarazo y la Lactancia en el Sector de la Limpieza de Edificios e Instalaciones
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Otras noticias
Jornada de presentación de la Guía: “Prevención de los Riesgos durante el Embarazo y la Lactancia en el Sector de la Limpieza de Edificios e Instalaciones
miércoles, 16 de octubre de 2013
PROSEGUR | Sector del transporte reclama un mapa de riesgos de las carreteras españolas
El sector del transporte por carretera ha reclamado la
elaboración de un mapa de riesgos de las carreteras españolas y que se
cuantifiquen las pérdidas que causa la sustracción de mercancías, que en
el caso del robo de un camión alcanza una media de 300.000 euros según
un estudio presentado.
En el marco de las jornadas
sobre seguridad en la distribución terrestre que ha organizado en Madrid
el Centro de Formación Praxis en colaboración con Prosegur, el sector
ha señalado la importancia de mejorar el intercambio de información
entre las empresas dedicadas a la distribución terrestre y las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
El objetivo de
esta solicitud es mejorar la prevención y persecución de este tipo de
delitos, señalan en un comunicado, al tiempo que piden cambios
legislativos que faciliten la investigación y detención de este tipo de
bandas organizadas.
El director del Centro de
Formación Praxis, Roberto Lage, ha subrayado que el robo de mercancías
durante su distribución por carretera ha alcanzado dimensiones
preocupantes, tanto en Europa como en España en particular, con un
impacto económico en el territorio europeo que supera los 8.000 euros
anuales.
Esta cifra equivale al presupuesto anual de
Galicia, a la que hay que sumarle las pérdidas por el retraso en la
reposición de la mercancía, la competencia desleal que supone la venta
de los productos sustraídos en mercados alternativos y el incremento del
coste de las pólizas de seguros.
Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado han subrayado la gran movilidad de las
bandas organizadas que practican este tipo de delito, así como las
dificultades que supone la actual legislación en la persecución de este
tipo de prácticas pues el robo con fuerza -el más empleado para asaltar
camiones- solo está penado con entre 1 y 3 años de cárcel sin tener en
cuenta el valor de lo sustraído.
Desde el punto de
vista empresarial, las compañías han lamentado la facilidad con la que
los delincuentes pueden vender la mercancía sustraída por lo que han
reclamado un apoyo decidido a las fuerzas policiales, así como medidas
de concienciación social.
El director de Consultoría
de Prosegur, Manuel Canalejas, ha recomendado a las empresas adaptar
sus sistemas de protección al tipo de mercancía que trasladan, conocer
bien las rutas que siguen sus conductores, establecer un protocolo de
paradas y elaborar un manual de buenas prácticas.
Seguridad-Privada | CiU e IU piden la devolución de la ley que controlará más a los detectives
El proyecto de Ley de Seguridad Privada,
que potenciará la colaboración del sector con las fuerzas de seguridad e
impondrá mayores controles a los detectives, inicia mañana su
tramitación parlamentaria con las enmiendas a la totalidad presentadas
por CiU e IU.
Será el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien defienda
en el Congreso de los Diputados mañana el proyecto de ley que han pedido
se devuelva al Gobierno los grupos parlamentarios de CiU y la Izquierda
Plural.
En el caso de CiU, la enmienda defiende que el proyecto invade las
competencias de Cataluña en esa materia, aunque el grupo nacionalista
comparte la necesidad de abordar la reforma de un sector tan relevante
para adaptarlo al actual marco legal.
Para CiU, el proyecto invade competencias autonómicas en
autorización, control, inspección y sanción de las empresas de seguridad
privada y de sus delegaciones que tengan su domicilio en Cataluña, así
como de los despachos de detectives situados en esa comunidad.
CiU pide que se corrijan esas invasiones ya que la norma "ignora
completamente" la actual distribución competencial y priva a la
Generalitat de desarrollar las funciones que se recogen en su Estatuto
de Autonomía.
Mientras, la Izquierda Plural considera que el proyecto abre la
puerta a la privatización de la seguridad pública y advierte de que no
existe una demanda social que justifique la prestación de nuevos
servicios de seguridad privada.
"La invasión de áreas de la seguridad pública, la pretensión de
situar a las empresas de seguridad privada en pie de igualdad con los
cuerpos policiales o la consideración de agentes de la autoridad para
empleados privados puede contravenir la ley de fuerzas y cuerpos de
seguridad", además de ser de "dudosa constitucionalidad".
La futura ley impondrá mayores controles a los detectives privados,
prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad y potenciará la capacidad
de un sector que complementará, colaborará y será subordinado a las
fuerzas de seguridad.
Respecto al trabajo de los detectives, Interior obligará a las
agencias de detectives a que destruyan los sonidos e imágenes grabados
durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe,
así como la prohibición de utilizar medios materiales o técnicos que
atenten contra el derecho al honor y la intimidad personal o familiar.
La nueva normativa, que sustituirá a la de 1992, tiene como objetivo
regular de forma "integral" la seguridad privada de acuerdo al
desarrollo de un sector que agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a
85.000 personas y factura en torno a 3.500 millones de euros al año.
El texto define la seguridad privada como complementaria,
subordinada, colaboradora de la pública, bajo supervisión y control de
esta última, aunque se amplía el campo de acción de sus actividades con
la posibilidad de realizar nuevos servicios como la vigilancia exterior
de las cárceles o de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Con respecto al borrador, la iniciativa que ha llegado a las Cortes
ha suprimido la pretensión inicial de que las empresas de seguridad
privada pudieran encargarse de las investigaciones hasta ahora
reservadas a los detectives.
Regulado el tablón de edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social | Orden ESS/1892/2013, de 8 de octubre (BOE de 16 de octubre), regula el tablón de edictos de la ITSS como medio oficial de publicación de las notificaciones de los actos administrativos dictados en el ámbito de la Inspección
La OrdenESS/1892/2013, de 8 de octubre (BOE de 16 de octubre), regula el tablón de edictos de la ITSS como medio oficial de publicación de las notificaciones de los actos administrativos dictados en el ámbito de la Inspección en aquellos supuestos en los que los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio por el que ha de practicarse, o bien, cuando intentada la notificación, no se hubiese podido llevar a cabo.
martes, 15 de octubre de 2013
Segur Iberica | Denuncian que una empresa que presidía Pedro Morenés estafó más de 400.000 euros a la Complutense | Una agencia de detectives descubrió que se facturaron miles de horas que no se cumplieron.Otras tantas horas de servicio fueron prestadas por personal sin habilitación o con placas de identidad falsas
El director de seguridad de la Universidad Complutense de Madrid ha sido acusado en los juzgados de Madrid de colaborar en el presunto saqueo llevado a cabo durante los años 2006 y 2007 por la empresa Segur Ibérica de una suma superior a 400.000 euros, mediante la facturación de miles de horas de vigilancia falsas o realizadas por vigilantes sin la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior, condición indispensable por la ley de Seguridad Privada para ejercer las funciones de agentes de la autoridad en el recinto encomendado.
La denuncia ha sido presentada por la Aspacom (Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción”, domiciliada en Barcelona y cuyos promotores son vigilantes de seguridad, abogados y expertos en seguridad e investigación privada, según se acredita notarialmente en el cuerpo de la denuncia.
Según el escrito de denuncia presentado por el abogado Ricardo Navarro Torres, ante el juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, de guardia el pasado 10 de octubre, se acusa a Justino Marcos Benito, jefe de seguridad de la Complutense de los delitos de “dejación de la obligación de perseguir delitos”, “estafa con abuso de cargo”, “usurpación de estado civil” y falsedad en documento oficial”.
La denuncia está basada -señala el escrito- en documentación recibida en la sede de Aspacom en Barcelona y a finales del pasado curso universitario su contenido fue contrastado -dicen- con la propia Universidad Complutense, en concreto con su Rector, José Carrillo, así como con diversos juzgados y organismos oficiales. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era el presidente de Segur Ibérica cuando acontecieron los hechos que ahora se denuncian.
“El fraude que denunciamos –informa el denunciante- se ha producido en la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la UCM entre enero de 2006 y octubre de 2007 [siendo el rector Carlos Berzosa], la documentación recibida indica que se ha realizado desde dentro, desde la propia Dirección de Seguridad de la UCM con la colaboración de la entonces empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad (Segur Ibérica, S.A.). Es más que probable su continuidad temporal a partir de 2008 con la nueva empresa adjudicataria Serygur, S.A., implicada en el caso Gürtel”.
Información completa en http://www.zoomnews.es/122781/actualidad/espana/denuncian-que-empresa-que-presidia-pedro-morenes-estafo-mas-400000-euros-co
lunes, 14 de octubre de 2013
El Congreso comienza a tramitar el jueves la Ley se Seguridad Privada con la oposición frontal de Izquierda Plural y CiU | Los nacionalistas presentan una enmienda a la totalidad alegando que la nueva Ley incumple las competencias de Cataluña recogidas en el Estatut
El Congreso de los Diputados comenzará el jueves a debatir la nueva Ley de Seguridad Privada del Gobierno, que de entrada cuenta con la oposición frontal de la Izquierda Plural y CiU, que han presentado sendas enmiendas a la totalidad y defenderán la devolución del texto al Ejecutivo. Será el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien defenderá la ley ante el Pleno mientras el resto de grupos parlamentarios fijarán posición.La oposición de CiU se debe a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña. Se basan en el artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue declarado inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia"."Para CiU estas invasiones competenciales deben corregirse ya que, como se observa, ignoran completamente la actual distribución competencial y privan a la Generalitat de desarrollar las funciones que se recogen en su Estatuto de Autonomía", sentencia la enmienda.Por su parte la Izquierda Plural manifiesta su "rechazo absoluto a la política de privatizaciones emprendida por este Gobierno con la seguridad pública" y censura que "el extraordinario desarrollo que en los últimos años ha experimentado el sector privado de la seguridad responde directamente a decisiones políticas que se han tomado desde las distintas administraciones pero no a la existencia de una demanda social real".Asimismo, consideran que este proyecto de Ley "no aporta ningún elemento novedoso para corregir los casos de división y oscurantismo que han proliferado" en el ámbito de las empresas de la seguridad privada. "Ni siquiera determina un método de supervisión eficaz", denuncian. Además creen que la nueva Ley tal y como está planteada "permitiría a las empresas privadas situarse en un plano de igualdad en sus funciones con los cuerpos de seguridad pública.MÁS CONTROL SOBRE LOS DETECTIVESEl Gobierno remitió el pasado junio a la Cámara Baja el proyecto de Ley de Seguridad Privada con el que se aumenta el control sobre las actividades de los detectives privados. Desde el momento en el que esta Ley entre en vigor, tendrán la obligación de hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías."No se trata de privatizar la seguridad sino aprovechar el potencial de la seguridad privada para mejorar en algunos ámbitos la seguridad", defendió entonces el ministro del Interior quien recordó que la última ley sobre esta materia era del año 1992 y no respondía a las necesidades actuales tras el desarrollo de las nuevas tecnologías, entre otras cuestiones.Entre abril y junio Interior realizó un periodo de audiencias con diferentes instituciones incluyendo la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión de Defensa de la Competencia o el colectivo de joyeros. En total fueron escuchadas hasta 44 empresas del sector, además de usuarios, sindicatos y expertos. En 2012 este sector facturó 3.500 millones de euros por medio de 1.500 empresas que emplearon a 85.000 personas. A pesar de ello España está por debajo del ratio europeo, según Interior.Dentro de este colectivo, los detectives privados son en torno a 1.500. Según admitió el ministro, tenían "una opinión negativa" al anteproyecto del texto, principalmente por el hecho de que la regulación limitaba su actividad, hasta ahora muy "dispersa". "Lo que se trata ahora es sistematizarlo porque es una actividad que afecta a inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad personas y familiar", justificó Fernández Díaz.INFORMES DISPONIBLES PARA JUECES Y POLICÍASCon la nueva Ley tendrán la obligación de que hacer informes incluyendo los resultados de sus investigaciones que estarán disponibles "en todo momento" para jueces y policías. Esta será una de las principales novedades de la nueva ley a partir de la cual tendrán también la obligación de "documentar los encargos en un contrato escrito" y un informe permanentemente actualizado en el que conste el cliente, el encargo, los medios utilizados y los resultados obtenidos.Ese informe "estará en todo momento a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de la Autoridad Judicial" y se obliga a estas empresas a "presentar una memoria anual de actividades al Ministerio del Interior". Fernández Díaz explicó que la modificación de esta Ley tiene por objeto evitar que se repitan hechos como la grabación de la conversación entre la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, y la ex novia del hijo de Jordi Pujol en el restaurante La Camarga de Barcelona.Precisamente, la nueva Ley incluirá la prohibición de usar servicios materiales o técnicos "que atenten contra el derecho a la intimidad, la imagen o el secreto de las comunicaciones". "Los informes deberán conservarse archivados cinco años y las imágenes se destruirán un año después de su finalización salvo que estén inmersas en una investigación judicial", explicó el ministro del Interior.
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