El sector de la seguridad privada no ha podido protegerse de las desavenencias de la crisis. Las grandes empresas de esta industria, entre las que se encuentran Prosegur, Securitas, Segurisa, Eulen, Ombuds, Segur Ibérica o Sabico, se enfrentan actualmente a recortes salariales o posibles despidos, que pueden llevar a algunas empresas a la inaplicación del Convenio Colectivo Estatal del sector.
, sin embargo, ahora aseguran que no pueden hacer frente a este incremento y amenazan con posibles Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Esto ha provocado una guerra en el sector, ya que los representantes sindicales aseguran que durante el año pasado las grandes empresas facturaron más de 500.000 horas extra, por lo que sería ilógico reducir plantilla.
Según la reforma laboral, con estas condiciones, una empresa no puede aplicar despidos colectivos, sin embargo esta industria se rige por una regulación propia, que según denuncian los trabajadores, no les favorece en absoluto. De hecho, reivindican que su poder adquisitivo descendió un 18,6% entre 2009 y 2011, por lo que consideran que su sacrificio en esta crisis ha sido ya suficiente.
El último acercamiento entre las partes se produjo el pasado 21 de febrero. La Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (Aproser), que representa al 70% de las empresas por volumen de facturación, mantuvo un acto de conciliación con los sindicatos, en los que llegó a un acuerdo con UGT, FES, UAS y USO para iniciar las negociaciones.
Según el acta de dicha mediación, se acordó aplicar desde el 1 de enero de 2014 los importes de las tablas de retribuciones y demás conceptos económicos aplicados durante 2013, lo que conlleva una congelación de los salarios.
Del mismo modo, las empresas asumían el coste del plus de transporte, aprobado en el Real Decreto Ley 6/ 2013 el pasado 20 de diciembre y que supone un tremendo golpe económico para el sector.
Paralizar los despidos
Por su parte, la patronal se comprometía a instar a las empresas del sector a paralizar las mesas de negociación abiertas, a retirar los procesos firmados hasta la fecha, y a volver al convenio estatal a las empresas que lo habían abandonado.
Esta alianza, que se estableció a través del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), ha generado conflictos entre los distintos sindicatos, ya que CCOO, CIG y ATES siguen exigiendo una subida salarial, aunque no se alcance el 5% establecido hace dos años.
Estos sindicatos aseguran que los trabajadores del sector tuvieron que asumir el año pasado fuertes recortes en sus sueldos, que fueron de entre 280 y 500 euros anuales. "Llevamos cinco años exigiendo mejores condiciones laborales, no es normal que un empleado con 20 años de antigüedad y licencia para utilizar armas cobre unos 1.050 euros al mes".
Aunque no todos están de acuerdo, el último acercamiento ha logrado que de momento se paralicen los procesos de descuelgue del Convenio Estatal, a la espera de que se inicien las negociaciones finales con todos los sindicatos. Estas conversaciones serán decisivas para el futuro de grupos como Securitas o Prosegur, que planeaba un ERE que afectaría a unos mil empleados.
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