ETA EXIGE

Los jefes terroristas debatieron en una reunión en Venezuela la petición del Gobierno de entregar las armas a cara descubierta en Suiza. A cambio, han exigido que todos sus presos estén libres antes de 2020 y un plan de reinserción y pensiones para ellos de 30 millones de euros anuales. Si el Gobierno que salga del 20-N no les escucha, 35 terroristas amenazan con volver a matar.


Una de las exigencias que salieron de la asamblea final de ETA en Venezuela, celebrada a finales de julio, fue que Arnaldo Otegi, actualmente en prisión, sea candidato a jefe del Gobierno vasco en las elecciones de 2013.


La asamblea de jefes de ETA se realizó en un piso franco de la localidad venezolana de Valencia, en el estado de Carabobo, durante varios días de la última semana de julio. En la vivienda, ocho miembros de la cúpula de ETA celebraron la reunión definitiva, el último comité ejecutivo que debía ratificar el abandono de las armas, tal y como había anunciado esta revista quince días antes. Durante meses, los distintos aparatos de la banda terrorista habían dado el visto bueno al fin de la violencia. Los presos, los representantes políticos, el grupo de financiación… Todos habían dicho sí de forma asamblearia. Incluso los exiliados con más trayectoria apostaban por dejar las armas. En la rama dura, los miembros de los comandos operativos eran los más escépticos. Al final, la decisión de aquellos ocho hombres fue afirmativa. ETA dejaría de matar. Pero nunca sería gratis.

Participando en los debates sobre el futuro etarra en esa casa de Valencia, los informes de la inteligencia española conocidos por interviú sitúan a históricos como José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo; Juan Cruz Maiztegui, apodado Pastor, y Antton Troitiño, terrorista fugado tras un permiso penitenciario de la Audiencia Nacional y que fue el representante o portavoz de los presos. Según las mismas fuentes, el ala más radical estaría representada por el etarra Oroitz Gurruchaga Gogorza, hombre de confianza de David Pla, jefe de los comandos operativos y que fue quien leyó encapuchado el comunicado de la banda terrorista del 20 de octubre en el que se anunciaba el cese definitivo “de la actividad armada”. Oroitz, de 29 años, fue miembro de la directiva de Segi y hermano de Egoitz Gurruchaga, fallecido en 2002 en el barrio bilbaíno de Basurto cuando explosionó una bomba con 15 kilos de titadine que transportaba.

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