El PSOE ha expresado hoy sus dudas sobre la constitucionalidad de la futura Ley de Seguridad Privada, ya en trámite en el Senado, cuya ponencia ha incorporado 9 enmiendas de CiU y todas las del PP, entre ellas una para que calles comerciales peatonales no puedan ser vigiladas por empresas privadas.
En declaraciones a Efe, el portavoz de Interior del PSOE en el Senado, Enrique Cascallana, ha acusado a los "populares" de introducir modificaciones al proyecto inicial que todavía abundan más en la "deriva hacia la privatización" de la seguridad que pretende el Gobierno.
Cascallana ha ironizado sobre la unidad de CiU y PP a la hora de favorecer a las empresas del sector de la seguridad, una cuestión en la que "no hay divisiones" entre ambas fuerzas políticas, como sí las hay en cuestiones de soberanía.
Frente a lo que establece la Constitución, que otorga a las fuerzas de seguridad del Estado las competencias en seguridad, el proyecto del Gobierno señala que se atenderá a coste y al presupuesto para decidir quién se hace cargo, ha indicado Cascallana.
"No va a haber acuerdo sobre el fondo de la ley", ha enfatizado el senador socialista, quien, no obstante, ha precisado que hasta el día 5 de marzo, cuando se reunirá la Comisión de Interior, hay tiempo para acordar algunas enmiendas.
El PP ha retocado algunos de los artículos más polémicos del proyecto de ley y que suscitaron las críticas de la oposición y de los sindicatos policiales, entre otros colectivos.
Si prosperan sus enmiendas -el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara alta- los vigilantes podrán detener a delincuentes y ponerlos a disposición de las fuerzas de seguridad, pero solo cuando sean sorprendidos en flagrante delito "en relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
En la redacción que aprobó el Congreso, el artículo correspondiente otorgaba a los vigilantes la potestad de perseguir a delincuentes "sorprendido en flagrante delito aun cuando no guarden relación con las personas o bienes objeto de su vigilancia y protección".
En cualquier caso, el PP mantiene que en virtud del artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los vigilantes, como cualquier otro ciudadano, pueden detener a un delincuente cuando intente cometer una infracción penal o la esté perpetrando.
Los vigilantes podrán anotar los datos personales de esos detenidos pero, a diferencia del anterior texto, no podrán hacer averiguaciones sobre esos datos ni comprobarlos.
En la nueva redacción al artículo 41, el más polémico, el PP concreta los supuestos en los que los vigilantes pueden prestar sus funciones fuera de los espacios habituales y cuando sea autorizado por los órganos competentes.
De esta forma, la enmienda a ese precepto suprime el apartado que posibilitaba a las empresas privadas a vigilar "zonas comerciales peatonales" y concreta que esa actividad podrá realizarse en "parques o complejos comerciales y de ocio que se encuentren delimitados".
Asimismo deja claro que las empresas que vigilen polígonos industriales y urbanizaciones delimitados podrán hacerlo también en sus vías o espacios de uso común siempre que no tengan la calificación de vía pública.
