El PP ha acordado con CiU en el Senado modificar la redacción original de la Ley de Seguridad Privada en uno de los artículos que generó más polémica entre la mayoría de grupos de la oposición y que hace referencia a las competencias de los agentes de seguridad privada. De este modo, en la nueva redacción del artículo 41 de esta Ley se elimina que estos agentes puedan patrullar por las zonas comerciales peatonales.
El redactado que fue aprobado en el Congreso de los Diputados establecía que los agentes jurados podían hacer labores de "vigilancia en zonas comerciales peatonales" como, por ejemplo, la calle Preciados de Madrid. En la actualidad esta competencia es exclusiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Eso sí, en el Congreso se establecía como requisito que tuviesen "autorización previa por parte del órgano competente" y que realizasen esa labor en coordinación con la Policía, la Guardia Civil o las policías autonómicas y locales.
No obstante, tras el acuerdo de 'populares' y nacionalistas catalanes de hoy en el Senado, este supuesto de vigilar las "zonas comerciales peatonales" ha sido eliminado del artículo, en el que sí se mantienen el resto de funciones previstas en el redactado original. De este modo, los agentes de seguridad privada sí podrán realizar la vigilancia perimetral de centros penitenciarios y centros de internamiento de extranjeros o la "participación en la prestación de servicios encomendados a la seguridad pública, complementando la acción policial".
PARQUES COMERCIALES, POLÍGONOS Y EVENTOS
También con autorización previa, los agentes jurados podrán vigilar polígonos industriales y urbanizaciones (incluidas sus vías o espacios de uso común), complejos o parques comerciales y de ocio que se encuentren delimitados asimo como acontecimientos culturales, deportivos o cualquier otro evento de relevancia social que se desarrolle en vías o espacios públicos o de uso común.
Este acuerdo se ha materializado este miércoles en la Comisión de Interior del Senado en la que se ha aprobado el informe de la ponencia que se votará definitivamente durante el Pleno del Senado de la semana próxima. Los votos del PP y CiU han servido también para rechazar hasta cinco vetos a la Ley presentados por PSOE, PSC, ICV, IU y ERC. Todos ellos pedían la devolución de la norma.
"Esta ley pone en cuestión el modelo constitucional. Es una ley que no nace de una demanda social y el modelo de seguridad en España es un modelo de éxito. Creemos que busca dar cobertura al negocio privado de las empresas de seguridad. Abre la puerta al principio de "la seguridad para quien se la 'pueda pagar'", ha defendido el senador socialista Enrique Cascallana.
Por parte del PP, el senador Luis Aznar ha replicado que "ni desde el Gobierno ni desde el grupo que le sustenta se pone en cuestión que la competencia exclusiva en seguridad le corresponde al Estado". "No creemos que en ningún momento ningún artículo de esta Ley lo vaya a poner en cuestión", ha añadido el senado del PP que ha hecho una llamada a la tranquilidad y ha "espantar nebulosas sobre la intención de la Ley".
