Los contratos públicos de las administraciones vascas deberán incluir en el futuro la retribución de los trabajadores de las empresas adjudicatarias, según una nueva regulación que tramita el Parlamento Vasco, pactada entre el PNV y el PSE y que tiene su origen en una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por ELA. Tal especificación se hará por la vía de incluir en la resolución de adjudicación el convenio colectivo a aplicar, a propuesta de la empresa contratante. La nueva regulación, que afectará unos 55.000 trabajadores, solo está pendiente de pasar por la comisión parlamentaria, que la remitirá al pleno de la Cámara vasca, y debería aprobarse en la presente legislatura. ELA ha criticado el resultado final
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