Una conversación telefónica entre Somoza y su representante en Asturias desvelaría las irregularidades. La Delegación del Gobierno en el Principado puso a los agentes sobre la pista. La contratación externa de servicios municipales se antoja como una fórmula caduca.
La Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la Policía Nacional que investiga un supuesto entramado ilícito orquestado por la empresa de seguridad privada Alcor, con sede en Monforte, cree que existen claros indicios de que los responsables de esta firma justificaron cursos formativos subvencionados por el Ministerio de Empleo sin llegar a celebrarlos con el objeto de obtener un lucro. Los agentes disponen de grabaciones telefónicas que así lo atestiguarían y que forman parte del sumario judicial contra el responsable de Alcor, Carlos Somoza.
La Policía recoge en sus conclusiones que esas enseñanzas fueron justificadas por Alcor como celebradas en la ciudad del Cabe para trabajadores que prestaban sus servicios fuera de la comunidad autónoma gallega y conseguidas por otra empresa, Serramar Vigilancia y Seguridad, en la que ostentan cargos de apoderados Somoza y su esposa, Raquel Álvarez, exconcejala monfortina.
