El incierto futuro de los ángeles de la guarda
Tras la reducción de este miércoles, más de 2.000 escoltas habrán perdido su trabajo desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia.
Durante más de quince años han sido la sombra de concejales, diputados, periodistas, fiscales o jueces. Pasaban junto a ellos maratonianas jornadas laborables que habitualmente superaban las doce o catorce horas, y no distinguían entre laborables, domingos o festivos. Y se convirtieron, en muchos casos, en casi una parte más de la familia de sus propios protegidos.
Los escoltas privados han sido durante este tiempo los auténticos ángeles de la guarda de más de un millar de ciudadanos que han desarrollado su labor profesional bajo la amenaza de ETA. Un trabajo que han realizado poniendo su propia vida en juego.
Llegaron al País Vasco y Navarra en 1997, después de que un grupo de ETA liderado por Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, asesinase a sangre fría de un disparo en la cabeza a un joven y desconocido concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Lo habían secuestrado apenas unas horas antes y su vida había sido utilizada para intentar chantajear al Gobierno de José María Aznar.
Esta necesidad de seguridad generalizada fue fruto de la cristalización de la ponencia Oldartzen (Embistiendo) de Herri Batasuna, que propugnaba la "socialización del sufrimiento", es decir, el asesinato por parte de ETA de políticos, jueces, fiscales o periodistas, entre otros. Su primera víctima había sido del dirigente del PP vasco Gregorio Ordoñez, asesinado en 1995, pero tras ese crimen tan sólo se había puesto escolta –policial– a los parlamentarios.
La imposibilidad de que miembros de las Fuerzas de Seguridad pudiesen actuar como escoltas de todos y cada uno de los cargos constitucionalistas del País Vasco y Navarra, así como a otros posibles objetivos terroristas hizo que se tuviese que echar mano de profesionales privados de la seguridad.
De 4.500 a apenas unos cientos
De manera continuada, durante más de una década, casi 4.500 escoltas realizaron tareas de seguridad en el País Vasco y Navarra, 3.500 de ellos en la comunidad autónoma, a los que habría que añadir casi otro millar realizando un trabajo similar en la comunidad foral. Sin embargo, a las puertas del final de ETA, y tras la reducción que habrá en la noche del martes al miércoles, la profesión se enfrenta casi prácticamente a su extinción.
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