En Honduras operan unas 706 empresas de seguridad privada que suman entre 60.000 y 70.000 guardas, cifra que supera en más del doble la cantidad de elementos que tienen juntos la Policía Nacional y el Ejército, informó hoy en Tegucigalpa una fuente de las Naciones Unidas.
"Los datos no son exactos, pero se habla de entre 60.000 y
70.000 guardias de seguridad privada legales, hay que agregar a eso que
los ilegales son indeterminados", dijo en rueda de prensa Patricia
Arias, integrante del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre uso
de mercenarios, tras concluir una visita de cinco días al país.
Agregó que la regulación de las empresas de seguridad privada, que le corresponde a la Secretaría de Seguridad, "resulta insuficiente y muy débil" para ejercer el control sobre las registradas en forma regular y las ilegales, cuyo fin es el lucro.
La misión de las Naciones Unidas, que se reunió en Honduras con autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, representantes de la sociedad civil y del sector privado, incluidas empresas de seguridad, también la integró la polaca Elzbieta Karska.
Arias, quien es chilena, subrayó que la existencia de tantas empresas de seguridad, entre legales e ilegales, "de alguna manera facilita las violaciones a los derechos humanos y el sometimiento de las personas", entre otros atropellos, incluidas violaciones sexuales de mujeres en el sector del Bajo Aguán, en el Caribe hondureño.
En el Bajo Aguán, donde desde hace varios años tiene lugar un conflicto entre campesinos que reclaman tierras y empresarios agrícolas, en los últimos cinco años se han registrado unas 70 personas muertas de manera violenta, en su mayoría labriegos.
El resto de víctimas mortales, que no superan las diez, han sido guardias de empresas de seguridad privada, recordó Arias.
Karska dijo que "debido a que las instituciones estatales no logran garantizar la seguridad, el sector de seguridad privada ha crecido exponencialmente, superando en número a la fuerza de la Policía Nacional", que tiene unos 12.000 efectivos.
La relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, según la información disponible, indicó la misión de las Naciones Unidas en un comunicado, en el que además señala que la mayoría de los propietarios de esas empresas son exoficiales de la Policía y el Ejército.
Arias recalcó que existe preocupación por el volumen de armas en manos de los hondureños, lo que contribuye a la ola de violencia que sacude al país centroamericano, con un promedio de 20 muertes diarias, por lo que abogó por un desarme.
"Uno podría soñar en un mundo ideal en que hubiera una veda de armas en algún minuto, ya hay suficientes armas en manos de la población en Honduras y eso lo único que provoca es que haya más violencia", agregó.
La misión expresó que otro problema que demanda respuestas urgentes es la falta de investigación y la aplicación de la justicia, ya que muchos crímenes quedan impunes.
Muchas veces, según las denuncias que recibió la misión de las Naciones Unidas, "cuando se hacen las denuncias (de casos de homicidios) no son acogidas y no llegan a buen término".
En otros, las familias de las víctimas "no denuncian porque desconfían del sistema. Sumados esos factores, lo que tenemos hoy día es una situación de impunidad", enfatizó Arias.
Karska dijo que "existe una impunidad generalizada en el país" y "una falta total de confianza de la población en el poder judicial".
Las "violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas por las compañías de seguridad privada no son investigadas, no se procesa a los autores y las víctimas no tienen acceso a una justa reparación", acotó.
La misión del organismo mundial recomendó al Gobierno que preside Porfirio Lobo, entre otras cosas, dotar de los recursos apropiados y capacitar a la Policía Nacional, para que pueda cumplir su función de garantizar la seguridad pública a la población.
Agregó que la regulación de las empresas de seguridad privada, que le corresponde a la Secretaría de Seguridad, "resulta insuficiente y muy débil" para ejercer el control sobre las registradas en forma regular y las ilegales, cuyo fin es el lucro.
La misión de las Naciones Unidas, que se reunió en Honduras con autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, representantes de la sociedad civil y del sector privado, incluidas empresas de seguridad, también la integró la polaca Elzbieta Karska.
Arias, quien es chilena, subrayó que la existencia de tantas empresas de seguridad, entre legales e ilegales, "de alguna manera facilita las violaciones a los derechos humanos y el sometimiento de las personas", entre otros atropellos, incluidas violaciones sexuales de mujeres en el sector del Bajo Aguán, en el Caribe hondureño.
En el Bajo Aguán, donde desde hace varios años tiene lugar un conflicto entre campesinos que reclaman tierras y empresarios agrícolas, en los últimos cinco años se han registrado unas 70 personas muertas de manera violenta, en su mayoría labriegos.
El resto de víctimas mortales, que no superan las diez, han sido guardias de empresas de seguridad privada, recordó Arias.
Karska dijo que "debido a que las instituciones estatales no logran garantizar la seguridad, el sector de seguridad privada ha crecido exponencialmente, superando en número a la fuerza de la Policía Nacional", que tiene unos 12.000 efectivos.
La relación del número de policías y guardias de seguridad es de uno a cinco, según la información disponible, indicó la misión de las Naciones Unidas en un comunicado, en el que además señala que la mayoría de los propietarios de esas empresas son exoficiales de la Policía y el Ejército.
Arias recalcó que existe preocupación por el volumen de armas en manos de los hondureños, lo que contribuye a la ola de violencia que sacude al país centroamericano, con un promedio de 20 muertes diarias, por lo que abogó por un desarme.
"Uno podría soñar en un mundo ideal en que hubiera una veda de armas en algún minuto, ya hay suficientes armas en manos de la población en Honduras y eso lo único que provoca es que haya más violencia", agregó.
La misión expresó que otro problema que demanda respuestas urgentes es la falta de investigación y la aplicación de la justicia, ya que muchos crímenes quedan impunes.
Muchas veces, según las denuncias que recibió la misión de las Naciones Unidas, "cuando se hacen las denuncias (de casos de homicidios) no son acogidas y no llegan a buen término".
En otros, las familias de las víctimas "no denuncian porque desconfían del sistema. Sumados esos factores, lo que tenemos hoy día es una situación de impunidad", enfatizó Arias.
Karska dijo que "existe una impunidad generalizada en el país" y "una falta total de confianza de la población en el poder judicial".
Las "violaciones de derechos humanos que habrían sido cometidas por las compañías de seguridad privada no son investigadas, no se procesa a los autores y las víctimas no tienen acceso a una justa reparación", acotó.
La misión del organismo mundial recomendó al Gobierno que preside Porfirio Lobo, entre otras cosas, dotar de los recursos apropiados y capacitar a la Policía Nacional, para que pueda cumplir su función de garantizar la seguridad pública a la población.
