Alerta y Control, la empresa de seguridad privada que se ha hecho con el contrato de seguridad de los pabellones multiusos del Ayuntamiento de Madrid, no despedirá a los vigilantes imputados en el caso Madrid Arena, al menos por el momento. "El artículo 14 de nuestro convenio colectivo obliga a la subrogación. En principio, no tenemos motivos para despedirles porque no están procesados ni condenados, solo imputados", explicó a 20minutos Juan Pedro del Castillo, director general de la compañía. "No dudo de su profesionalidad y puede que afecte a nuestra imagen, pero solo nos plantearíamos el despido en caso de que fuesen condenados", añadió. En la plantilla perteneciente a Seguriber —la anterior contrata municipal— que Alerta y Control se ha visto obligada a subrogar se encuentran Raúl Monteverde, Juan José París Nalda, José Antonio Díez Romero, Roberto Mateos e Iván Somontes Santamaría, como adelantó este martes este diario. Todos han tenido que declarar en sede judicial por su papel durante la noche en la que fallecieron aplastadas por una avalancha humana las adolescentes. También han pasado por el juzgado el aún subdirector de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor; el coordinador de Seguridad, José Rodríguez Caamaño; y al jefe de Operaciones y Proyectos, Francisco del Amo. El Ayuntamiento, que alega que no puede tomar medidas contra los vigilantes porque no pertenecen a su plantilla, no ha despedido a estos cargos de confianza que cobran de su empresa pública, a pesar de que sí ha renovado a la cúpula directiva de Madridec dando hasta seis bajas. Evaluación Alerta y Control admite que va a evaluar las competencias y capacidades de los vigilantes imputados, al igual que hará con los que no lo están. "A partir de ahí, veremos si se ajustan a nuestras normas internas y a la ley a la hora de hacer su trabajo y si son válidos para los servicios que han ocupado o hay que destinarles a otros", concluye su director general. La normativa vigente para el sector incluye la excedencia especial en caso de que fuesen inhabilitados temporalmente para ejercer su función o de que la división de Seguridad Privada de la Policía Nacional les retirase su permiso para ejercer.
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