La Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior ven factible que el empleo de seguridad privada se extienda a todas las prisiones gallegas. Todo dependerá del resultado de una experiencia piloto que desde el pasado mayo se está llevando a cabo en diferentes cárceles españolas, entre las que se encuentran las de A Lama y Teixeiro.
En un reciente encuentro con dirigentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), los representantes de la Administración central confirmaron que a finales de año se tomará una decisión definitiva al respecto. Si bien hoy por hoy lo más probable es que acuerde contar con vigilancia privada de refuerzo en todos los penales.
A este respecto, la intención es que tales medios no supongan una disminución de las unidades de la Guardia Civil destinadas actualmente en las prisiones. En todo caso, si hubiera que reducir el número de agentes, la apuesta es que esta sea mínima. De este modo, no se verían afectadas labores tan importantes como pueden ser las conducciones y traslados de presos.
Pese a este compromiso, la AUGC reiteró ayer su «rechazo frontal a la privatización de los servicios de seguridad en los centros penitenciarios y en cualquier ámbito competencial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado».
En este marco, el colectivo advirtió que no descarta movilizaciones o «cuantas medidas sean necesarias para evitar que esta medida privatizadora siga adelante y afecte al destino de los guardias».
