El proyecto de Ley de Seguridad Privada solo convence al Gobierno central que es quien lo ha redactado y, puede que también, a las empresas de seguridad privada que ven la posibilidad de hacer caja.
La definición y regulación del trabajo de los vigilantes de seguridad que recoge el texto, no satisface a este colectivo. En La Rioja hay aproximadamente unos 500 vigilantes de seguridad y el portavoz del sector de UGT, Iñaki Cortabitarte, quiere dejar claro que "no somos partidarios de esta nueva ley porque carece de protecciones para el vigilante".
Queremos, apunta, "que se nos reconozca como agentes de la autoridad porque, ahora mismo, agredir a un vigilante de seguridad sale prácticamente gratis". En un atraco por ejemplo, si la policía pide ayuda al vigilante de seguridad y éste resulta herido, al delincuente le podrían acusar de agresión a la autoridad con lo que la condena se multiplicaría por dos. Sin embargo, añade, una agresión a un vigilante que trabaje de noche en una fábrica sale prácticamente gratis. "Contamos con menos medios y estamos más expuestos que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, con eso, no estamos de acuerdo".
Llevamos más de treinta años haciendo las mismas funciones, explica, y, rara vez salen a la luz las agresiones a los vigilantes de seguridad, y son muchas. La falta de personal es uno de los motivos. Cortabitarte asegura que la vigilancia en los centros estratégicos públicos es insuficiente "y, donde tendría que haber diez o quince vigilantes, hay dos o tres". Así se lo han comunicado al Gobierno regional. La respuesta, hay que abaratar costes.
"Incluso se están suprimiendo armas porque, ahora mismo, únicamente un dos por ciento de los vigilantes jurados van armados y son, sobre todo, los que realizan labores de recogida de fondos, los que están en los bancos y en los centros de información. Quizás el hecho de que un vigilante armado cobre 200 euros más, influya” apunta.
La formación de los vigilantes de seguridad y su capacidad para desarrollar las funciones que les permitirá la nueva Ley son otros aspectos polémicos. En este sentido replica "tenemos una formación inicial y de por vida ya que una vez al año tenemos que asistir a cursos de formación, unos cursos que son específicos para el trabajo que cada uno desarrolla. De esta forma, la formación de un vigilante de un centro de menores no será la misma que el que custodia una fábrica de noche".
Es el Ministerio del Interior el que exige a las empresas de seguridad privada a impartir estos cursos de formación de un mínimo de veinte horas anuales "aunque también es cierto que no todas las empresas cumplen este requisito". "Hemos denunciado esto muchas veces porque aquí prima el coste por hombre y el coste por hora. Y hay empresas piratas, también en La Rioja, que suprimen el coste adicional que supone la formación y eliminan estos cursos. Es ahí donde está el peligro de la ley y son a estas empresas a las que debe controlar el Ministerio del Interior".
En cuanto a las detenciones, dice, "la gente se sorprende de que el vigilante de seguridad pueda detener pero no han leído la letra pequeña porque podemos detener siempre y cuando se haya cometido un delito". De hecho, añade, en el reglamento de seguridad privada hay un artículo que da potestad a cualquier ciudadano a poder detener a otro que haya cometido un delito, de forma que no es descabellado que un vigilante también lo pueda hacer".
En definitiva, este vigilante jurado en activo confiesa no entender el revuelo que se ha creado con la aprobación de este proyecto de ley "que no hemos pedido y que lo único que hace es habilitarlos para desempeñar funciones que ya hacemos".
