La pena impuesta a nueve de los 24 acusados de figurar en un entramado que se dedicaba a falsificar certificados para vigilantes de seguridad y guardaespaldas, así como también nóminas para la obtención de créditos resolvieron penalmente con menos de cinco meses de prisión y el pago de multas que, en algunos casos, no llegan a los 600 euros. El fiscal del caso les rebajó en la primera sesión del juicio, celebrada en la Audiencia, la petición inicial al aplicarles dilaciones indebidas en el procedimiento. El asunto fue abierto en el año 2005 por un juzgado que ahora ya no existe.
De los 24 acusados, catorce «amañaron» la pena con el fiscal; dos están desaparecidos y otro fue ingresado en urgencias. Al tribunal de la Audiencia Provincial, que comenzó a juzgarles ayer, le quedan 8 para dictar sentencia, entre ellos un policía nacional de la comisaría de Lugo que, según el fiscal, aceptaría un ordenador a cambio de facilitar su nómina para luego ser falsificada.
De los que pactaron la pena ayer, el que mayor condena aceptó fue Juan Cercedo Fernández que, según el fiscal, puso en marcha junto con otro acusado, Justino García Ferrándiz (desaparecido) el negocio de diplomas y matrículas falsas. Aceptó dos años y dos meses y medio de prisión, así como varias multas y una indemnización a la empresa de seguridad perjudicada por el caso de los certificados.
Juan Carlos Bardanca, involucrado en la venta de cocaína a los cabecillas de la trama, aceptó un año y nueve meses de cárcel y una multa. Esa misma pena fue también para Antonio Cabado Lourés, que también se encargaba de despachar cocaína.
Senén Antonio Rodríguez Álvarez, aceptó sendas penas de cuatro meses y medio de prisión y dos multas de 810 euros cada una. Cuatro meses y medio de cárcel y multas de 810 euros también fueron impuestos a Fernando González Silva, Rafael Gallego Rodríguez y Eduardo Barbeito López. Los tres deberán abonar indemnizaciones. Antonio Pardo Martínez aceptó cuatro meses y una multa de 720 euros.
Tres meses de prisión y multa de 540 euros fue lo que aceptaron Joaquín Palazón, José Jesús Moreno Soria, José Manuel Arzumendi, María del Carmen Silvent y Luis García Ferrándiz. Se trata de personas que tenían empleo en una empresa canaria de seguridad y que compraron a la red el certificado falso que precisaban para poder presentarse a las pruebas selectivas de vigilantes de seguridad y escolta privado. Muchos de ellos las aprobaron, pero luego les detectaron que el diploma que entregaron era falso.
En la lista de acusados que ayer pactaron la pena figura también Juan García López, un trabajador de una copistería de Lugo que se encargó de imprimir nóminas falsas en el establecimiento.
