CSI-F dice que el Ministerio ya ha adjudicado a la empresa Ombuds el control de seis centros penitenciarios
El Ministerio del Interior ha negado este miércoles
que haya alcanzado ya algún acuerdo concreto con ninguna empresa de
seguridad privada para encargarle la vigilancia del perímetro exterior
de las cárceles. Se trata de un plan que se pondrá en marcha
próximamente, pero explica que por el momento tan sólo se han producido
contactos, han informado a Europa Press fuentes del Departamento que
dirige Jorge Fernández Díaz.
Desde el sindicato CSI-F
han denunciado por medio de un comunicado que el Ministerio ya ha
adjudicado a la empresa Ombuds el control de los centros penitenciarios
de Palencia, Alicante, Logroño, Salamanca, Castellón y Huelva. Este
colectivo considera la iniciativa como el inicio de un proceso de
privaticiación de estos servicios de vigilancia en detrimento de los
agentes de la Guardia Civil que venían prestando esta función.
Interior precisa que se han iniciado contactos sin haber cerrado nada
con ninguna empresa en concreto y añade que no será sólo una sino varias
las que participen en el despliegue.
LABORES SECUNDARIAS
El Ministerio explica asimismo que el objetivo de esta iniciativa no es
reemplazar por completo a la Guardia Civil, sino que agentes de
seguridad privada se encarguen de labores secundarias relacionadas con
el control del perímetro extrerior de los centros penitenciarios.
Esta iniciativa acogerá a muchos agentes de seguridad privada afectados
por la reducción de servicios de protección personal en toda España y
especialmente en el País Vasco y Navarra llevada a cabo el pasado año
por esta Administración.
El sindicato acusa al
Ministerio de "subestimar la profesionalidad de la seguridad de los
Fuerzas y Seguridad del Estado, vulnerando sistemáticamente el
Reglamento Penitenciario que dice que 'La seguridad exterior de los
Establecimientos corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado'".
El Ministerio del Interior tomó la decisión
el pasado año de poner en marcha este plan. Según anunciaron, la
intención era iniciar el despliegue durante el último trimestre del año
pasado, pero el proyecto se aplazó, entre otras cuestiones por la
oposición de los sindicatos de prisiones a la medida, según informaron
en su momento a Europa Press fuentes ministeriales.
