Pedro José Muñoz, que fue ponente del Grupo Parlamentario Socialista en la tramitación de la Ley de Seguridad Privada, ha manifestado que “desde
un inicio los socialistas advertimos que, entre otras consecuencias, la
normativa era el primer paso para la privatización del sistema
penitenciario, por lo que emitimos un voto contrario a la misma”.
Y es que, “por mucho que los dirigentes del PP de Ávila se empeñen en sostener lo contrario”, según el diputado socialista, “la referida Ley posibilita, como ya ocurre en la cárcel de Brieva, que servicios de seguridad privada sustituyan a la Policía y a la Guardia Civil en la prestación de los servicios de seguridad perimetral en las prisiones, así como a los funcionarios de instituciones penitenciarias en la seguridad interior”.
En opinión de Pedro Muñoz, “el sistema penitenciario precisa, como toda seguridad ciudadana, que sea ejercido por funcionarios públicos”, y ha recordado en este sentido que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye “vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. No es de recibo sustituir funcionarios públicos con una formación especializada para las labores que desarrollan, como es el caso de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que custodian las prisiones, por vigilantes de seguridad privada que carecen de esa formación específica”, ha dicho el diputado abulense.
http://www.tribunaavila.com/noticias/el-diputado-socialista-pedro-munoz-apuesta-porque-la-seguridad-sea-ejercida-por-funcionarios-publicos/1412250997
Y es que, “por mucho que los dirigentes del PP de Ávila se empeñen en sostener lo contrario”, según el diputado socialista, “la referida Ley posibilita, como ya ocurre en la cárcel de Brieva, que servicios de seguridad privada sustituyan a la Policía y a la Guardia Civil en la prestación de los servicios de seguridad perimetral en las prisiones, así como a los funcionarios de instituciones penitenciarias en la seguridad interior”.
En opinión de Pedro Muñoz, “el sistema penitenciario precisa, como toda seguridad ciudadana, que sea ejercido por funcionarios públicos”, y ha recordado en este sentido que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad les atribuye “vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. No es de recibo sustituir funcionarios públicos con una formación especializada para las labores que desarrollan, como es el caso de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que custodian las prisiones, por vigilantes de seguridad privada que carecen de esa formación específica”, ha dicho el diputado abulense.