En la misma sesión en la que el Tribunal Constitucional (TC) decidió el pasado martes no levantar la suspensión sobre el pago de la extra de los funcionarios, el pleno del alto tribunal admitió a trámite el recurso del Gobierno central contra la Ley vasca de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública.
La medida supone, al igual que en otros casos en los que el Gobierno central ha interpuesto un recurso contra decisiones autonómicas, la suspensión de la vigencia de los artículos impugnados por el gabinete de Mariano Rajoy. Son concretamente cuatro artículos relacionados con aspectos como la seguridad privada, los servicios conjuntos de policía local, que ahora deberán esperar a una resolución definitiva del TC para volver a entrar en vigor.
El Gobierno central recurrió varios apartados de la ley porque, a su juicio, recoge que la administración central participe en un órgano autonómico, el Consejo de Seguridad Pública; porque no se cumple la normativa estatal, que obliga a que los convenios para prestar servicios conjuntos de policía local se rijan por la legislación española, no la autonómica; y, finalmente, porque según el análisis de sus letrados las comunidades no tienen competencias para regular la seguridad privada. Con todo, el TC considera que existen argumentos “suficientes” para un recurso de inconstitucionalidad.
