La Iglesia experimentó un boom inmobiliario muy particular, sobre todo, a partir del año 2003. Una reforma de la ley Hipotecaria en 1998 durante el Gobierno Aznar permitió a la Iglesia, y solo a la Iglesia, inscribir lugares de culto y otras propiedades que no estuvieran registradas.
La consecuencia de esta reforma fue una movilización de los ecónomos de las diócesis, algunos de los cuales llegaron a contratar aparejadores o personal técnico. En este proceso, la Iglesia registró a su nombre 4.500 propiedades, según fuentes fiables cercanas a los registros de la propiedad, algunas tan notables como la mezquita de Córdoba.
El registro se hizo sin necesitar otro requisito que una certificación del Obispo, sin estar obligada a hacerlo público por edicto y sin pagar el impuesto de transmisión patrimonial. Los ciudadanos de Córdoba averiguaron en 2009 que la mezquita había sido registrada a nombre del Obispado tres años antes (el 2 de marzo de 2006), acto que le costó 30 euros.
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