La Comisión de Coordinación de la Cumbre Social ha decidido, una vez cumplido el
primer año de su constitución a finales de julio de 2012, retomar la actividad y
preparar la celebración de un plenario de las organizaciones que la integran
para impulsar el debate y la movilización popular. La situación económica y
social, con una insoportable tasa de paro por mucho que agiten el último dato de
paro registrado, y la brecha abierta entre la ciudadanía y los poderes públicos
siguen golpeando los derechos sociales y laborales y debilitando la salud de la
democracia.
La Cumbre Social expresa su rechazo a la intención del
Gobierno, adelantada por su ministra de Empleo a los agentes sociales, de
recortar el poder adquisitivo de las pensiones al descartar el IPC como
indicador de referencia para su actualización retributiva, y precipitar la
utilización del llamado factor de sostenibilidad a 2019, obsesionados con
intervenir exclusivamente en la reducción del gasto sin propiciar iniciativas
para reforzar los ingresos del sistema. A juicio de la Comisión de Coordinación
de la Cumbre Social, el Gobierno parece empeñado en hacer pagar al sistema
público de pensiones el ajuste económico que ha comprometido ante las
instituciones comunitarias y financieras, algo que no vamos a
aceptar.
Para la Cumbre Social, que integran centenar y medio de
organizaciones sociales, culturales y profesionales, la reciente aprobación de
la reforma de las administraciones locales es otra grave agresión a la
democracia, al convertir los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a las
demandas de la ciudadanía, en simples oficinas administrativas con escasa o nula
capacidad para intervenir en la solución de los asuntos que hasta ahora le eran
propios. Ello no hace sino deteriorar la ya mermada confianza de los ciudadanos
y ciudadanas en las instituciones que representan la soberanía popular y la
política democrática.
La Cumbre vuelve a reiterar su radical oposición a la
privatización y/o recortes de servicios públicos que tanto la Administración
central como distintas Comunidades Autónomas llevan activando en los últimos
meses. La sanidad y educación públicas son un buen ejemplo de lo que decimos,
pero no debemos olvidar otros servicios y sectores de la política social de los
que progresivamente están prescindiendo los poderes públicos de la derecha. La
Cumbre Social pide a las fuerzas políticas progresistas que se comprometan,
llegado el momento, a revertir las leyes y normativas que han posibilitado estos
procesos privatizadores.
Por último, la Cumbre Social insiste en reclamar una
profunda regeneración de la democracia, una ambiciosa Ley de Transparencia, una
nueva Ley Electoral y un compromiso explícito para aprobar ya medidas precisas y
evaluables de lucha contra la corrupción económica y política a fin de evitar
que los responsables de una y otra actividad puedan ejercer funciones de
representación colectiva u ocupar un puesto en las instituciones del
Estado.
