El titular del Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ha ordenado la detención del presidente de Esabe, Juan José Prados del Pino, el contratista de seguridad y limpieza que facturó más de 71 millones al Consell a través de tres mercantiles y que presuntamente habría defraudado más de 30 millones a la Seguridad Social. Uno de los directivos de la empresa, que fue arrestado en la operación policial que descubrió esta trama de saqueo de los fondos públicos en diciembre de 2012, aseguró a la policía que pagaban sobornos a un directivo de la Conselleria de Sanidad llamado "Eloy" para obtener los contratos, el último de casi 12 millones en 2011 por la vigilancia de la FE.En el auto al que ha tenido acceso Levante-EMV, explica que Prados del Pino y su mujer Juana María Pilar García no han comparecido en las dos ocasiones en las que han sido reclamados para prestar declaración como imputados, pese a habérselo notificado a su procurador. La policía ya había alertado de que el empresario y su mujer se habían fugado, ya que cuando montaron la operación arrestaron a la cúpula de la empresa pero no consiguieron darles caza. Esta medida, aunque tardía, pondrá en alerta a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado e internacionales para que lo intenten localizar en las fronteras y aeropuertos.La Empresa Esabe trabajó para varias consellerias y el Ayuntamiento de Valencia, en este caso por otros 4,1 millones de euros. La sociedad recibió constantes denuncias de los trabajadores y la Seguridad Social por impagos, aun así continuaron renovando las adjudicaciones con la Generalitat, como contó este periódico. Tras la quiebra de la sociedad en 2011, su contrato de seguridad con la Conselleria de Sanidad para la Fe y otros cuatro departamentos sanitarios los asumió otra mercantil. Un año después una operación policial acabó con 20 miembros de Esabe detenidos.Desde el sindicato USO, que es acusación en este caso, explicaron que entre las irregularidades cometidas por los directivos de Esabe se encuentra "el fraude a la Hacienda Pública por el pago de miles de horas extra sin cotizar a la Seguridad Social y abonadas en B a los trabajadores, además de un larguísimo incumplimiento en materia laboral". "La investigación policial acredita que este empresario mantenía una estructura mafiosa para conseguir contratar con las administraciones publicas servicios por valor de cientos de millones de euros", aseveraron.Las mismas fuentes de USO mostraron su contrariedad porque "tras cientos de denuncias contra esta empresa donde se acreditaban con documentos todas y cada una de las prácticas fraudulentas, nos encontráramos con un muro infranqueable de las diferentes administraciones públicas afectadas, que sólo miran el ahorro de unos cuantos miles de euros, adjudicando los servicios teniendo en cuenta casi exclusivamente el precio".
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