El director de seguridad de la Universidad Complutense de Madrid ha sido acusado en los juzgados de Madrid de colaborar en el presunto saqueo llevado a cabo durante los años 2006 y 2007 por la empresa Segur Ibérica de una suma superior a 400.000 euros, mediante la facturación de miles de horas de vigilancia falsas o realizadas por vigilantes sin la preceptiva habilitación del Ministerio del Interior, condición indispensable por la ley de Seguridad Privada para ejercer las funciones de agentes de la autoridad en el recinto encomendado.
La denuncia ha sido presentada por la Aspacom (Asociación para la Defensa del Patrimonio Común y Lucha Contra la Corrupción”, domiciliada en Barcelona y cuyos promotores son vigilantes de seguridad, abogados y expertos en seguridad e investigación privada, según se acredita notarialmente en el cuerpo de la denuncia.
Según el escrito de denuncia presentado por el abogado Ricardo Navarro Torres, ante el juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, de guardia el pasado 10 de octubre, se acusa a Justino Marcos Benito, jefe de seguridad de la Complutense de los delitos de “dejación de la obligación de perseguir delitos”, “estafa con abuso de cargo”, “usurpación de estado civil” y falsedad en documento oficial”.
La denuncia está basada -señala el escrito- en documentación recibida en la sede de Aspacom en Barcelona y a finales del pasado curso universitario su contenido fue contrastado -dicen- con la propia Universidad Complutense, en concreto con su Rector, José Carrillo, así como con diversos juzgados y organismos oficiales. El actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, era el presidente de Segur Ibérica cuando acontecieron los hechos que ahora se denuncian.
“El fraude que denunciamos –informa el denunciante- se ha producido en la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la UCM entre enero de 2006 y octubre de 2007 [siendo el rector Carlos Berzosa], la documentación recibida indica que se ha realizado desde dentro, desde la propia Dirección de Seguridad de la UCM con la colaboración de la entonces empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad (Segur Ibérica, S.A.). Es más que probable su continuidad temporal a partir de 2008 con la nueva empresa adjudicataria Serygur, S.A., implicada en el caso Gürtel”.
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