Recortes en los servicios de seguridad de Petronor y Bahía de Bizkaia aprovechando la reforma laboral
Aprovechando la reforma laboral decretada por el Gobierno español del PP, los trabajadores encargados de la vigilancia y seguridad de empresas como Petronor o Bahía de Bizkaia están viendo como sus ya de por sí escasos salarios se ven reducidos, o como de la noche a la mañana les suprimen el transporte que desde hace 30 años les trasladaba a las centrales.Casesa, la empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad, tanto de la petrolera como de la regasificadora, ya perdió un juicio el pasado mes de junio cuando la Justicia sentenció a favor de los trabajadores de vigilancia, después de que de forma unilateral y a principios de este año suprimiera el transporte que las empresas adjudicatarias de Petronor venían realizando desde 1983.Ahora, y con el texto de la reforma laboral a su favor y alegando supuestas razones económicas, Castellana de Seguridad (Casesa facturó el pasado año 155 millones de euros) ha vuelto a suprimir el transporte a Petronor y ha recortado los exiguos pluses, de entre 80 y 300 euros al mes, del que disponían algunos de los vigilantes como complemento de puesto o kilometraje.Casesa fue una de las grandes adjudicatarias del servicio de escoltas del Gobierno vasco en los años en los que estos servicios eran requeridos. Pese a la pérdida de este servicio durante 2012 su facturación se incrementó con respecto al año anterior, según datos aportados por la empresa a principios de 2013. Además, este año se ha hecho con los servicios de vigilancia y seguridad de todas las instalaciones que Iberdrolatiene en Bizkaia.Miembros del comité de empresa aseguran que las medidas impuestas porCasesa les fueron notificadas el 1 de octubre a 32 trabajadores de los 150 que la empresa tiene en Bizkaia, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo durante el periodo de consulta abierto por la empresa, por modificación de las condiciones de trabajoLos trabajadores sospechan además de la veracidad de la documentación económica aportada por la empresa para justificar los recortes y anuncian movilizaciones para los próximos días.
