El
Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha remitido hoy una circular al
conjunto de la organización sobre la causa de los Expedientes de Regulación de
Empleo (ERE) instruida por el Juzgado nº6 de Sevilla, que reproducimos a
continuación:
En
relación con algunas declaraciones formuladas por determinados compañeros del
Sindicato, en las que se vierten juicios de valor sobre la actuación del Juzgado
de Instrucción nº 6 de Sevilla, que instruye la causa de los EREs, la Comisión
Ejecutiva Confederal de UGT quiere expresar lo siguiente:
- Manifestamos nuestro desacuerdo con el contenido y tono de dichas declaraciones, aún comprendiendo que son quizás expresión emocional de la profunda disconformidad con las afirmaciones que se recogen en algunas resoluciones judiciales referidas al Sindicato dictadas en aquel procedimiento. Si bien defenderemos siempre el derecho a la crítica pública, también de los órganos judiciales, cuando se haga debe llevarse a cabo con pleno respeto a la administración de justicia y a las personas que la representan.
- Nuestro desacuerdo de fondo con la línea argumental y con las afirmaciones que sobre los sindicatos se hacen en el procedimiento judicial las refutaremos dentro de la propia causa, acreditando la razón de ser, la actuación y el buen hacer de la acción sindical y de nuestros cuadros y dirigentes sindicales, también en los EREs de Andalucía.
En
relación con el fondo de la instrucción, en lo que se refiere a los sindicatos y
a UGT, reiteramos lo siguiente:
1.
La tesis central de la
jueza que instruye la denominada causa de los EREs, basada en las
investigaciones de la Guardia Civil y publicitada a través de los medios de comunicación, es que
los sindicatos hemos cobrado en los EREs, sin haber realizado ningún tipo de
trabajo y bajo la amenaza de que si no pagaban las empresas o las mediadoras de
seguros no se firmaría el posible acuerdo del ERE o no se les “apoyaría” en
ningún otro expediente, como si la promoción de los expedientes y los planes de
prejubilaciones no correspondiera a las empresas o, en su caso, a la
Administración. Tal tesis no se corresponde con la realidad y a lo largo del
proceso lo iremos acreditando.
2.
Los sindicatos de clase
somos organizaciones que representamos y defendemos los intereses de los
trabajadores y trabajadoras, bajo la cobertura y garantía que nos da el artículo 7 de la
Constitución. No formamos parte de ninguna trama defraudadora: no somos
intermediarios, ni comisionistas, ni “facilitadores” de despidos de
trabajadores.
Los que
cierran las empresas y promueven despidos, elaboran las listas de los afectados
y contratan con las aseguradoras y mediadoras son los empresarios y las
administraciones, no los trabajadores ni los sindicatos; incluso se producen los
EREs a pesar de la acción y de la oposición de los sindicatos.
UGT
nunca ha participado ni participará en promover EREs, y menos aún para
aprovecharse y generar ingresos para el Sindicato.
3.
UGT en los miles de
expedientes de regulación de empleo en los que interviene en toda España siempre
ha tenido como objetivo la defensa y asesoramiento de todos los trabajadores afectados,
afiliados y no afiliados, procurando el mantenimiento del mayor número de
puestos de trabajo y la aplicación de medidas menos
traumáticas.
Cuando
la situación no permitía evitar los despidos, se ha buscado que los trabajadores
estuvieran protegidos por recolocaciones y cuando esto no era posible, que
obtuvieran las mejores indemnizaciones y condiciones de prejubilación para los
trabajadores de más edad.
Para
estos fines UGT presta asesoramiento en materia de acción sindical y de carácter
económico, técnico o jurídico. Y en el caso de los planes de prejubilaciones,
también de carácter actuarial. Si el Sindicato no asesora a los trabajadores
ante las causas que alegan las empresas o las cuentas o cálculos que elaboran,
éstos serían los únicos válidos dejando a los trabajadores en una situación de
desprotección en relación con sus puestos de trabajo, sus indemnizaciones y
prejubilaciones. Para garantizar y proteger los derechos de los trabajadores se
hace necesaria la intervención sindical en todas las áreas y materias, incluido
el contraste de los cálculos de las prejubilaciones. UGT no va a renunciar a
esta función de defensa de los trabajadores, tampoco en el caso de despidos
colectivos, pues sería tanto como renunciar a su razón de ser histórica y a la
función que le reconoce la Constitución.
4.
Estas actuaciones
requieren recursos, que UGT obtiene de las cuotas de sus afiliados y para el
resto de los trabajadores busca que no lo paguen ellos, a través de los cauces y vías legales.
Esto ocurre así en la mayoría de las grandes empresas.
En la
totalidad de los expedientes los costes de las prejubilaciones son asumidos por
las empresas, y sólo en casos de graves dificultades o insolvencia, las empresas
han recurrido al apoyo de la Administración.
En
contados casos de desaparición de las empresas (como es el caso de las empresas
mineras de la Faja Pirítica de Huelva) se ha recurrido a constituir asociaciones
de trabajadores para dar cobertura a los trabajadores
afectados.
5.
Denunciamos los intereses
de implicar a los sindicatos en tramas fraudulentas para desacreditar la
actuación sindical, debilitarla o incluso eliminarla. Nada de ello se corresponde a la verdad
y se persigue facilitar las políticas autoritarias de recortes y contrarreformas
sociales y laborales, evitando que existan contrapoderes que hagan frente a los
poderes económicos dominantes y a los políticos que secundan los intereses de
éstos.
6.
Del único compañero de UGT
imputado por la jueza se reconoce expresamente que no se ha lucrado con la
actividad sindical. Estamos convencidos que todas las cantidades que los organismos de
UGT hayan podido recibir son en pago de los importantes costes de todo tipo que
han soportado en defensa y asesoramiento de los
trabajadores.
7.
Reafirmamos nuestra
voluntad de colaboración con la justicia. Y exigimos asimismo que se respete la
honorabilidad de la Organización de los trabajadores labrada con la lucha y
sacrificio de miles de militantes voluntarios de UGT.
