El proyecto de Ley de Seguridad Privada,
que potenciará la colaboración del sector con las fuerzas de seguridad e
impondrá mayores controles a los detectives, inicia mañana su
tramitación parlamentaria con las enmiendas a la totalidad presentadas
por CiU e IU.
Será el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien defienda
en el Congreso de los Diputados mañana el proyecto de ley que han pedido
se devuelva al Gobierno los grupos parlamentarios de CiU y la Izquierda
Plural.
En el caso de CiU, la enmienda defiende que el proyecto invade las
competencias de Cataluña en esa materia, aunque el grupo nacionalista
comparte la necesidad de abordar la reforma de un sector tan relevante
para adaptarlo al actual marco legal.
Para CiU, el proyecto invade competencias autonómicas en
autorización, control, inspección y sanción de las empresas de seguridad
privada y de sus delegaciones que tengan su domicilio en Cataluña, así
como de los despachos de detectives situados en esa comunidad.
CiU pide que se corrijan esas invasiones ya que la norma "ignora
completamente" la actual distribución competencial y priva a la
Generalitat de desarrollar las funciones que se recogen en su Estatuto
de Autonomía.
Mientras, la Izquierda Plural considera que el proyecto abre la
puerta a la privatización de la seguridad pública y advierte de que no
existe una demanda social que justifique la prestación de nuevos
servicios de seguridad privada.
"La invasión de áreas de la seguridad pública, la pretensión de
situar a las empresas de seguridad privada en pie de igualdad con los
cuerpos policiales o la consideración de agentes de la autoridad para
empleados privados puede contravenir la ley de fuerzas y cuerpos de
seguridad", además de ser de "dudosa constitucionalidad".
La futura ley impondrá mayores controles a los detectives privados,
prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad y potenciará la capacidad
de un sector que complementará, colaborará y será subordinado a las
fuerzas de seguridad.
Respecto al trabajo de los detectives, Interior obligará a las
agencias de detectives a que destruyan los sonidos e imágenes grabados
durante sus vigilancias un año después de la finalización de su informe,
así como la prohibición de utilizar medios materiales o técnicos que
atenten contra el derecho al honor y la intimidad personal o familiar.
La nueva normativa, que sustituirá a la de 1992, tiene como objetivo
regular de forma "integral" la seguridad privada de acuerdo al
desarrollo de un sector que agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a
85.000 personas y factura en torno a 3.500 millones de euros al año.
El texto define la seguridad privada como complementaria,
subordinada, colaboradora de la pública, bajo supervisión y control de
esta última, aunque se amplía el campo de acción de sus actividades con
la posibilidad de realizar nuevos servicios como la vigilancia exterior
de las cárceles o de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Con respecto al borrador, la iniciativa que ha llegado a las Cortes
ha suprimido la pretensión inicial de que las empresas de seguridad
privada pudieran encargarse de las investigaciones hasta ahora
reservadas a los detectives.
