El recorte afecta a 150 jueces y fiscales del Supremo, Audiencia y Constitucional y a los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial
Sin previo aviso y por sorpresa, el Ministerio del Interior comienza desde hoy a aplicar los drásticos recortes de escoltas a más de 150 jueces y fiscales del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional, y a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. La medida propuesta por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, enmarcada en su política de reducción del gasto, ya fue puesta en marcha en la CAV y Navarra, y ahora llega a los principales miembros la judicatura del país. Sólo mantendrán la protección los presidentes de estos tribunales, los magistrados antiterroristas y los máximos representantes del ministerio público en estos órganos judiciales.
La desaparición de los guardaespaldas provocó ayer un gran malestar en la Audiencia Nacional, primer tribunal en aplicar los recortes, dada su rápida y sorprendente ejecución y la ausencia de explicaciones por parte de Interior. Sólo en esta casa se retirarán del servicio 250 escoltas desde las 15.00 horas de hoy, una decisión que fue comunicada por el comisario de la Audiencia a los más de 35 jueces y fiscales afectados por la medida.
Ante la incredulidad de los asistentes a la reunión, el responsable policial señaló de forma escueta que la decisión proviene del Ministerio dentro del plan de ajuste del servicio de escolta, que se aplica a unas 1.700 personas en todo el país, lo que genera un gasto de 160 millones de euros anuales. Para contrarrestar esta nueva situación, el comisario de la Audiencia garantizó a jueces y fiscales que se reforzará el servicio de contravigilancia y avanzó que mantendrán la protección de los cargos «más sensibles», entre ellos el presidente Ángel Juanes; el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande-Marlaska; el magistrado central de lo penal, José María Vázquez Honrrubia; el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro; el fiscal-jefe Javier Zaragoza o el teniente fiscal Fernando Burgos.
Buscarse la vida
El resto de los seis jueces de instrucción, los 18 de la Sala de lo Penal o los fiscales que se ocupan desde el terrorismo hasta los delitos económicos se quedan sin escolta y sin coche oficial, por lo que se tendrán que desplazar a los tribunales de la calle Génova de Madrid por sus propios medios, según confirmaron desde la propia Audiencia. En este grupo se incluyen los fiscales anticorrupción o los que luchan contra el tráfico ilícito de drogas, entre otros. No es un secreto que, además de la reducción del gasto, Interior sostiene que el final de la actividad de ETA ha influido en la rebaja de guardaespaldas en el caso de la Audiencia Nacional. Pese a ello, la noticia desató enorme indignación entre los jueces afectados, que han celebrado reuniones informales para fijar una posición común que podría conocerse hoy.
El único colectivo que se manifestó ayer fueron los fiscales, que criticaron que el departamento de Fernández Díaz haya decidido mantener escolta a políticos y exaltos cargos y retirársela a los miembros de la judicatura en un momento en que «la amenaza terrorista sigue existiendo» y ETA podría volver a atentar. «El criterio de Interior poco tiene que ver con el riesgo de cada persona y queda patente que ETA no se ha disuelto. No se puede descartar la reanudación de los atentados tan pronto como les resulte propicio», aseguraron.
