«Que incorporen seguridad privada, pero que no muevan ni a un solo guardia civil». Esa fue la advertencia lanzada ayer por el secretario general de la Unión de Guardias Civiles de Asturias, Ramón Rodríguez Prendes, quien criticó la intención del Gobierno central de «incorporar a entre 800 y 900 vigilantes de seguridad privada» en las cárceles españolas, lo que conllevaría que se suprimirán igual número de puestos de trabajo de guardias civiles, cambiándolos de destino». Una medida, aseguró, que, de ser aprobada, afectaría a la treintena de agentes que desarrollan su trabajo en Villabona.
La denuncia llega después de que el PP y CiU aprobasen en el Congreso una iniciativa que reclama al Gobierno que estudie la posibilidad de que personal de seguridad privada se encargue de la vigilancia exterior de las cárceles: tanto del control de accesos como del de circuito cerrado de televisión, lo que, a juicio de Prendes, esconde «un intento de privatizarlas».
Pero no fue ese el único mensaje que lanzó al Ejecutivo, al que pidió «firmeza y valentía frente a ETA» tras los últimos movimientos de Interior. «Actitudes políticas que no han gustado nada en la Guardia Civil», dijo, como «los acercamientos a cárceles vascas o declaraciones como que los etarras que pidan perdón tendrán un trato diferente». La Unión de Guardias Civiles reclamará, además, al Principado que se supriman 27 de los 63 puestos que la Benemérita tiene en Asturias. Trece de ellos, «en condiciones lamentables». Y la gran mayoría, «sin personal suficiente», como prueba que «el 80% sólo están abiertos por la mañana». La Guardia Civil, con 2.000 efectivos en la región, ha perdido un centenar de ellos en tres años.
