El Consejo de Ministros tramitará mañana el anteproyecto de ley de seguridad privada, que impondrá mayores controles a la actividad de los detectives privados y prohibirá el espionaje si vulnera la intimidad de las personas.
Con el fin de actualizar la vigente normativa que data de 1992 y que ha sufrido múltiples modificaciones, el Ministerio del Interior ha redactado un anteproyecto de la nueva ley para adaptarla a un sector que ha experimentado en los últimos años un extraordinario auge debido, entre otras cosas, a la innovación tecnológica.Ya el titular de este departamento, Jorge Fernández Díaz, anunció el pasado 12 de marzo en la comisión de Interior del Congreso esa nueva regulación, que afectará a los detectives privados, después de que el caso de espionaje de la agencia Método 3 a dirigentes políticos catalanes originara un debate sobre los límites de la actividad de estos profesionales.
Tal y como avanzó el ministro, las investigaciones estarán sujetas a determinadas "cautelas", como la obligación de "velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado".
Los detectives también deberán realizar un informe de investigación por cada encargo, que se pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial.
Fernández Díaz quiso dejar claro que en la ley quedará "perfectamente establecido" qué tipo de encargos son ilegales y, por tanto, no pueden llevar a cabo los detectives, como actividades que vulneren la intimidad, porque entraría "en el campo de lo delictivo".
Además, habrá un catálogo concreto de normas que deberán seguir los detectives, cuyo incumplimiento podrá ser sancionado con la retirada de la autorización para ejercer la profesión.
Pero la ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.
De hecho, el objetivo es hacer más "compatibles" y "complementarias" las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España- facturan al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.
