El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro del Interior sobre el Anteproyecto de Ley de Seguridad Privada, que pretende, entre otros objetivos, impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de seguridad pública y privada, y abrir a este último la posibilidad de prestar nuevos servicios demandados por la sociedad y que no están recogidos en la normativa actual. A la vez, será más estricta y rigurosa con las compañías de seguridad privada, con un régimen sancionador exigente.La seguridad privada en España ha experimentado un extraordinario desarrollo en los últimos años. Como botón de muestra, el sector está compuesto por casi 1.500 compañías, con una plantilla de unas 90.000 personas y una facturación de 3.600 millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes al ejercicio 2011.España es uno de los países que lidera este sector. En cambio, nuestro país es uno de los Estados de Europa con más policías por habitante (528 agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión Europea). Mientras, el número de los vigilantes privados se sitúa en unos 200 por cada 100.000 habitantes, 71 menos que la media de la Unión Europea.Legislación ampliamente superadaEn su momento, la actual normativa de Seguridad Privada, que data de 1992, fue pionera e imitada por los países de nuestro entorno. No obstante, veinte años después de su aplicación ha quedado ampliamente superada por la realidad y ha puesto de manifiesto sus insuficiencias y lagunas. La normativa vigente no está adaptada al entorno tecnológico esencial para el sector de la seguridad privada y no recoge el régimen actual de distribución de competencias entre el Estado y las Autonomías. Hasta la fecha, estas insuficiencias han sido paliadas por normas reglamentarias o resoluciones de la Dirección General de la Policía sin verdadero carácter normativo, que han generado problemas de inseguridad jurídica y de dispersión normativa.De ahí la necesidad de disponer de un nuevo texto jurídico con rango de ley, que regule de forma integral y sistemática el modelo español de seguridad privada, y dote al sector de un marco jurídico flexible que permita la adecuación de los requisitos exigibles a la naturaleza de las distintas actividades y servicios de seguridad privada.Complemento de la seguridad pública
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/Referencias/_2013/refc20130412.htm
