El jefe del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, anunció al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en el encuentro secreto que ambos mantuvieron en Moncloa el pasado miércoles su intención de retirar en las próximas semanas todos los escoltas a autoridades y cargos electos que aún mantienen esta medida de protección en el País Vasco, según fuentes cercanas a la reunión consultadas por este diario.
La noticia cogió por sorpresa a Rajoy, que se opuso a la eliminación de la seguridad.
No obstante, Urkullu aseguró a Rajoy que su determinación en este asunto es máxima y que el plan no tiene vuelta atrás.
Según explicó el mandatario del PNV, el proyecto inmediato del Departamento de Seguridad que dirige Estefanía Beltrán de Heredia pasa por la supresión del 100% del personal de seguridad privada contratado por la Administración vasca para garantizar la protección de dirigentes políticos amenazados por ETA.
Urkullu defendió que el alto el fuego definitivo declarado por la banda terrorista en octubre de 2011 hace innecesario que la Administración vasca siga sufragando este servicio. Se calcula que en estos momentos los guardaespaldas contratados por el Gobierno de Vitoria dan cobertura a 25 cargos del Partido Popular y a aproximadamente el doble de dirigentes del Partido Socialista. Además, también ofrece protección a otros cargos institucionales amenazados por la banda terrorista.
En la actualidad, la gran mayoría de los escoltas que están trabajando en el País Vasco lo hacen al servicio del Ministerio del Interior, que no contempla más reducciones de las que ya ha anunciado. Pero se da la circunstancia de que las autoridades y cargos políticos más relevantes están siendo protegidos en estos momentos por personal contratado por el Gobierno vasco.
Si Urkullu lleva adelante su propósito, todos ellos perderían su escolta.La consejera de Seguridad ya lo comunicó la oposición
El plan de reducción de guardaespaldas ya fue anunciado con anterioridad por la consejera de Seguridad vasca a los responsables de los partidos de la oposición, según confirman fuentes consultadas por este diario.
La consejera aseguró que su departamento había realizado una reevaluación del riesgo que comportaba un exceso de este tipo de profesionales. Pero en esas conversaciones, Beltrán de Heredia aseguró que la decisión no era firme y que estaba abierta a negociar con las formaciones afectadas los detalles del recorte.Sin embargo, Urkullu fue más contundente en su reunión con Rajoy en Moncloa el pasado 10 de abril. El lehendakari afirmó que este paso es necesario y que contribuirá a la “normalización” de la sociedad vasca tras el anuncio del fin de la violencia de ETA. Según las fuentes consultadas, Urkullu pretende que la medida sea efectiva hacia finales del próximo mes de mayo.El Ministerio del Interior se opone a la medida porque considera que la banda sigue suponiendo una amenaza para la seguridad de los cargos tradicionalmente señalados por ETA. Fuentes de Interior, que aseguran que el ministro no tenía constancia de este proyecto de Urkullu, recuerdan que la organización terrorista aún no se ha desprendido de sus armas y explosivos y que se siguen detectando movimientos que demuestran la plena actividad de sus comandos. Reducciones anteriores de InteriorEl departamento que dirigeJorge Fernández Díaz ya llevó a cabo una drástica reducción del 55% del personal de seguridad privada destinado en País Vasco y Navarra en marzo de 2012 y acaba de trasladar a otro grupo de 250 a 21 prisiones de toda España para que realicen labores de vigilancia de presos. Se calcula que, desde el inicio del llamado proceso de paz, alrededor de 2.000 profesionales de la seguridad han perdido su empleo.Pero Interior no tiene en su agenda reducir aún más el personal que tiene contratado en el País Vasco y Navarra para este cometido. De hecho, fuentes de este departamento aseguran que los recortes anteriores se han hecho estudiando individualmente cada caso y tras certificar que la situación deriesgo del cargo protegido se había reducido a un nivel aceptable.El paso puede interpretarse como un intento del Gobierno vasco por generar tranquilidad en la sociedad, pero desde algunos ámbitos también se ve como un movimiento del PNV para aumentar la presión sobre el Gobierno de Mariano Rajoypara que se siente a negociar con ETA su disolución y la situación de sus presos y huidos. En el último mes, la organización terrorista ha emitido hasta cuatro comunicados para quejarse del estancamiento del proceso y ha amenazado con volver a la situación anterior si el Ejecutivo no se compromete a negociar todas sus reivindicaciones. El PNV tampoco ha escondido que le gustaría que el Gobierno y el PP vasco se implicaran más en la hoja de ruta que han diseñado la izquierda abertzale y ETA para sellar el fin de la violencia, tras más de medio siglo de sufrimiento.
La noticia cogió por sorpresa a Rajoy, que se opuso a la eliminación de la seguridad.
No obstante, Urkullu aseguró a Rajoy que su determinación en este asunto es máxima y que el plan no tiene vuelta atrás.
Según explicó el mandatario del PNV, el proyecto inmediato del Departamento de Seguridad que dirige Estefanía Beltrán de Heredia pasa por la supresión del 100% del personal de seguridad privada contratado por la Administración vasca para garantizar la protección de dirigentes políticos amenazados por ETA.
Urkullu defendió que el alto el fuego definitivo declarado por la banda terrorista en octubre de 2011 hace innecesario que la Administración vasca siga sufragando este servicio. Se calcula que en estos momentos los guardaespaldas contratados por el Gobierno de Vitoria dan cobertura a 25 cargos del Partido Popular y a aproximadamente el doble de dirigentes del Partido Socialista. Además, también ofrece protección a otros cargos institucionales amenazados por la banda terrorista.
En la actualidad, la gran mayoría de los escoltas que están trabajando en el País Vasco lo hacen al servicio del Ministerio del Interior, que no contempla más reducciones de las que ya ha anunciado. Pero se da la circunstancia de que las autoridades y cargos políticos más relevantes están siendo protegidos en estos momentos por personal contratado por el Gobierno vasco.
Si Urkullu lleva adelante su propósito, todos ellos perderían su escolta.La consejera de Seguridad ya lo comunicó la oposición
El plan de reducción de guardaespaldas ya fue anunciado con anterioridad por la consejera de Seguridad vasca a los responsables de los partidos de la oposición, según confirman fuentes consultadas por este diario.
La consejera aseguró que su departamento había realizado una reevaluación del riesgo que comportaba un exceso de este tipo de profesionales. Pero en esas conversaciones, Beltrán de Heredia aseguró que la decisión no era firme y que estaba abierta a negociar con las formaciones afectadas los detalles del recorte.Sin embargo, Urkullu fue más contundente en su reunión con Rajoy en Moncloa el pasado 10 de abril. El lehendakari afirmó que este paso es necesario y que contribuirá a la “normalización” de la sociedad vasca tras el anuncio del fin de la violencia de ETA. Según las fuentes consultadas, Urkullu pretende que la medida sea efectiva hacia finales del próximo mes de mayo.El Ministerio del Interior se opone a la medida porque considera que la banda sigue suponiendo una amenaza para la seguridad de los cargos tradicionalmente señalados por ETA. Fuentes de Interior, que aseguran que el ministro no tenía constancia de este proyecto de Urkullu, recuerdan que la organización terrorista aún no se ha desprendido de sus armas y explosivos y que se siguen detectando movimientos que demuestran la plena actividad de sus comandos. Reducciones anteriores de InteriorEl departamento que dirigeJorge Fernández Díaz ya llevó a cabo una drástica reducción del 55% del personal de seguridad privada destinado en País Vasco y Navarra en marzo de 2012 y acaba de trasladar a otro grupo de 250 a 21 prisiones de toda España para que realicen labores de vigilancia de presos. Se calcula que, desde el inicio del llamado proceso de paz, alrededor de 2.000 profesionales de la seguridad han perdido su empleo.Pero Interior no tiene en su agenda reducir aún más el personal que tiene contratado en el País Vasco y Navarra para este cometido. De hecho, fuentes de este departamento aseguran que los recortes anteriores se han hecho estudiando individualmente cada caso y tras certificar que la situación deriesgo del cargo protegido se había reducido a un nivel aceptable.El paso puede interpretarse como un intento del Gobierno vasco por generar tranquilidad en la sociedad, pero desde algunos ámbitos también se ve como un movimiento del PNV para aumentar la presión sobre el Gobierno de Mariano Rajoypara que se siente a negociar con ETA su disolución y la situación de sus presos y huidos. En el último mes, la organización terrorista ha emitido hasta cuatro comunicados para quejarse del estancamiento del proceso y ha amenazado con volver a la situación anterior si el Ejecutivo no se compromete a negociar todas sus reivindicaciones. El PNV tampoco ha escondido que le gustaría que el Gobierno y el PP vasco se implicaran más en la hoja de ruta que han diseñado la izquierda abertzale y ETA para sellar el fin de la violencia, tras más de medio siglo de sufrimiento.
