La empresa, formada por una platilla de 1.441 trabajadores y
adscrita a la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,
inició el proceso para tramitar el ERE alegando motivos organizativos y
productivos en el mes de julio, pero la primera reunión con los trabajadores no
tuvo lugar hasta septiembre.
En un primer momento, el informe jurídico de la empresa
aconsejó la extinción de 439 contratos. Durante el periodo de negociación,
rebajó hasta 394 y finalmente, desafectó a 116 trabajadores, dejando el número
de afectados en 278 alegando la ejecución de varias encomiendas y la prórroga de
otras.
Los trabajadores plantearon alternativas a los despidos como
bajadas salariales o modificaciones de las condiciones de trabajo, pero la
empresa argumentaba que no podía negociar porque no sabía los presupuestos de
los que dispondría en las nuevas encomiendas de gestión.
El comité de empresa y la agrupación de trabajadores
“Colectivo de Personal Administrativo y Técnico” interpusieron una demanda
contra Vaersa y la Corporación Publica Empresarial por considerar que la empresa
no negoció de buena fé, no aportó documentación, adoptó el ERE con “fraude,
dolo, coacción y abuso de derecho” y que hubo un retraso deliberado en el inicio
de la tramitación.
La defensa de los trabajadores expuso además que las causas
productivas no tenían fundamento en una empresa pública y las organizativas no
estaban lo suficientemente justificadas y resaltó contradicciones como el hecho
de que la empresa desafectara de golpe a 116 trabajadores y o que se demostrara
que había obtenido beneficios.
Muchos de estos argumentos fueron determinantes para
demostrar irregularidades y se reflejan en la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidat Valenciana que reflejó que las causas organizativas y
productivas que alega la empresa, “no existen en el marco del sector público” y
que “difícilmente podrían alegarse razones deficitarias” cuando según el informe
de gestión, la empresa contaba con un “beneficio relevante”.
Además considera que la empresa no negoció “de buena fé”,
que la documentación que aportó no es fiable, no contiene datos que justifiquen
las causas alegadas por esta y tampoco incorporan medidas alternativas
destinadas a minimizar los despidos o atenuar las consecuencias del Expediente
de Regulación de Empleo. Por estos motivos a estimado la nulidad del ERE y la
readmisión de los trabajadores afectados.
Desde la sección sindical de Vaersa han subrayado que no ha
habido acuerdo porque en ningún momento ha habido negociación. Víctor Codina,
miembro del comité de empresa, ha señalado que “todo el proceso ha estado
plagado de irregularidades, la empresa se ha saltado a la torera la Negociación
Colectiva y ha dinamitado el Diálogo Social pero hay que animar a los
trabajadores en proceso de ERE a que luchen porque, y si se hacen las cosas
bien, se pueden conseguir muchas cosas”.
